Pide Fiscalía 16 años de cárcel para exfuncionaria

Culiacán, Sin.- La exdirectora Administrativa de Servicios de Salud, María Alejandra Gil Álvarez, última implicada en el desvío de más de 14 millones de pesos, no aceptó el ofrecimiento de la Fiscalía Anticorrupción de acogerse al método de suspensión condicional del proceso, es decir, pagar para librar la cárcel, y este viernes como estaba programado se presentó a la audiencia intermedia en el Centro de Justicia Penal, Acusatoria y Oral en Culiacán.Se le acusa de firmar y pagar los cheques por 14 millones 775 mil 554 pesos por un contrato a la empresa Hikajuba SA de CV, para la prestación de servicios de imagenología, es decir, Rayos X, ultrasonido y tomografía, en hospitales públicos del estado, pero por adjudicación directa y no mediante una licitación pública, denuncias penales presentadas por la Autoría Superior del Estado (ASE). Investigación en la que también estuvieron involucrados en calidad de coimputados exdirector de Atención Médica, Jaime Otañez García, quien ya fue exonerado por no encontrar elementos de su culpabilidad; y el exsecretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, quien libró la cárcel aceptando el método de suspensión condicional del proceso pagando 7 millones de pesos en ?abonos? como reparación del daño. En la audiencia, el Ministerio Público solicitó en la presentación formal de la acusación que se le sentencie a 16 años de prisión, 7 años por el delito de ejercicio indebido del servicio público y 9 años por desempeño irregular de la función pública. Así como el pago de un monto de 104 mil 780 pesos como multa y que regrese también los 14 millones 775 mil 554 pesos como reparación del daño al erario. En respuesta, la defensa de la exfuncionaria informó al juez que cuentan con un amparo solicitado el 27 de agosto por la negativa del sobreseimiento del caso contra su defendida, luego que en la audiencia pasada le negaran retirarle los cargos, como a Otañez García. Los abogados de Gil Álvarez señalaron que la Fiscalía no podrá demostrar la culpabilidad de su clienta, porque ellos tienen elementos suficientes para comprobar lo contrario, argumentando que fue acusada por cuestiones de índoles políticas.  Como datos de prueba para sustentar su inocencia, ofrecieron citar a declarar a alrededor de 15 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de Salud, representantes de las empresas involucradas, funcionarios de la ASE que realizaron la auditoría y peritos contables de la Fiscalía General del Estado que llevaron el caso. Los defensores también llevarán a Gildardo López Amarillas, como perito contable particular para refutar el peritaje de los peritos oficiales. También deberán acudir Echeverría Aispuro y Otánez García, este último, señalaron los abogados de la exfuncionaria, deberá explicar la adjudicación directa de los contratos al acusar que fue él quien realizó y autorizó el documento de excepción para no hacer una licitación pública en la compra. Finalmente, el juez determinó emitir la apertura a juicio oral, pero explicó que por el amparo éste no puede dar inicio en tanto no se resuelva la solicitud de demanda de amparo. El juicio oral se llevará a cabo si se le niega el amparo a la exfuncionaria.arg/ic