Culiacán, Sin.- Pepenadores de Culiacán solicitan una nueva carta de anuencia al alcalde Juan de Dios Gámez, la cual otorgue una autorización legal para que la cooperativa pueda tener asegurado poder trabajar en el relleno y entrar también dentro del proceso de privatización, la cual consideró como una amenaza latente.
Ante la negativa del actual alcalde, Miguel Ángel García Leyva, asesor legal de la cooperativa de pepenadores, hizo un llamado al primer edil, para que el lunes los reciban y se establezca una mesa de trabajo en conjunto con los regidores.
“Ha faltado oficio por parte del Ayuntamiento y la voluntad, para poder sostener una reunión de la cual ya hemos solicitado varias veces y hemos hecho la petición directamente al presidente y sus colaboradores para tratar de establecer una mesa de trabajo”, dijo.
José Enrique Gutiérrez Sauceda, Presidente de la Cooperativa de Pepenadores Progreso, advirtió que el próximo lunes realizarán un plantón a las 9:30 horas desde la Catedral hasta el Ayuntamiento, donde advirtieron que durarán lo que tengan que durar hasta que se les resuelva esta situación.
Recordó que se hizo la petición el 18 de noviembre y hasta la fecha no ha habido respuesta, siendo así que 512 familias se están viendo afectadas por esta situación.
“Y nosotros ya estamos cansados porque digo, está bien que le cueste el acarreo al Ayuntamiento, pero son desechos que la sociedad tira y de ahí se están manteniendo ahorita como 512 familias”, dijo.
Asimismo, denunciaron que en estos procesos de privatización debido a la nueva Ley de Residuos Sólidos que fue aprobada en el trienio de Quirino Ordaz Coppel, exgobernador de Sinaloa, el Ayuntamiento junto con el sindicato de trabajadores del propio palacio municipal, está contratando gente de otros grupos, a quienes se les asigna actividades, parte de grupos de choque que tenía ya Sergio Torres, exalcalde de Culiacán.
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Cabe mencionar que en el gobierno de Jesús Estrada Ferreiro se otorgó una carta de anuencia, pero los pepenadores revelaron que sólo fue firmada por el exalcalde de Culiacán, Othón Herrera, exsecretario del Ayuntamiento y la síndica procuradora, pero no tiene el aval de cabildo, cuando se necesitan de dos o tres comisiones de cabildo de Culiacán para que tenga una efectividad legal.