Culiacán, Sin.- De acuerdo al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al menos 12 de las 32 entidades, entre ellas Sinaloa, no cuentan con un Centro Penitenciario específico para las mujeres, ya que la estancia de las mujeres privadas de la libertad se mantienen en centros denominados mixtos, señaló la diputada local por el Partido Sinaloense (PAS), Mónica Armenta Elenes.
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En tribuna, expuso que otras de las deficiencias de los penales que se encuentran en el estado y que señala el estudio, destacan la deficiente separación entre hombres y mujeres; insuficiencia de días para la remisión de quejas; deplorables violaciones a los derechos humanos; deficientes condiciones materiales y de higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad e insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
Asimismo, agregó que también se señala la presencia de actividades ilícitas, la separación entre procesados y sentenciados así como también en la atención a personas con discapacidad de la comunidad LGBTIQ+ y en la atención a personas indígenas y por último una insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones, así como desintoxicación voluntaria, pero sobre todo, apuntó, en el tema de la reinserción para vinculación de las personas privadas de la libertad con la sociedad.
Por lo anterior, hizo un llamado al Gobierno del Estado para que en verdad se comprometan a atender las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los penales.
Consideró que lo que se debe de implementar son políticas efectivas que fortalezcan el sistema penitenciario como adecuar los establecimientos penitenciarios y su capacidad instalada, pues señaló que los cuatro centros que integran el sistema penitenciario estatal presentan una infraestructura física deficiente.
“Por lo que resulta necesario la implementación de acciones decisivas para su remodelación que conlleven a la recuperación y dignificación de los mismos para brindar condiciones dignas de internamiento a las personas privadas de la libertad, así como para llevar a cabo procesos de reinserción social con respeto absoluto a sus derechos humanos”, dijo.
Armenta Elenes, puntualizó que también se debe de equipar desarrollar tecnologías de la información y comunicaciones, donde destacó que la que existe es verdaderamente obsoleta y no permite que se implementen sistemas informáticos actualizados, así como incrementar el estado de fuerza de los centros penitenciarios, ya que apuntó que actualmente existe un déficit de aproximadamente 800 elementos, conforme al estándar que establece la CNDH.
Por su parte la diputada local, Connie Zazueta Castro, consideró que estos resultados dan muestra de acciones y los programas que se tienen que seguir fortaleciendo.
Expuso que si bien estas acciones son responsabilidad de las autoridades competentes, también es importante sumar esfuerzos sociedad y gobierno, haciendo pequeñas o grandes causas para en beneficio de las que más lo necesiten.
“Considero que los resultados y observaciones realizadas en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de este 2023 generado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos da muestra de acciones y los programas que se tienen que seguir fortaleciendo, reitero el compromiso de seguir trabajando y de continuar legislado a favor de los sectores vulnerables para el bienestar de las y los sinaloenses”, dijo.
Zazueta Castro, destacó su programa “Quiero, puedo y lo haré” que desde hace dos años ha implementado y tiene como objetivo contribuir con las autoridades competentes en la atención psicológica, emocional de las mujeres privadas de su libertad y que busca que adquieran conocimientos para afrontar situaciones de crisis emocionales y abonar a la readaptación y sano ingreso a la sociedad.
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