Culiacán, Sin.- La diputada Paola Gárate presentó una iniciativa para impedir que servidores públicos, sin importar su partido político, desvíen recursos destinados a obras en beneficio de la población sinaloense.
Este martes 19 de mayo de 2026, la legisladora informó que la propuesta de reforma a la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa busca cerrar espacios a la corrupción, fortalecer la transparencia y garantizar que los recursos para infraestructura pública se ejerzan correctamente.
Revelan concentración millonaria de contratos de obra pública en Sinaloa
Paola Gárate explicó que la iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre diputadas y diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, además de organizaciones de la sociedad civil.
Indicó que la propuesta surge a partir de hallazgos documentados por Iniciativa Sinaloa, los cuales revelan que 14 empresas y 11 grupos empresariales concentran el 57 por ciento de los recursos destinados a obra pública estatal.
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Asimismo, señaló que tres agrupaciones de contratistas absorbieron más de 850 millones de pesos provenientes de financiamiento para infraestructura municipal, situación que —dijo— evidencia la necesidad de frenar la opacidad y evitar que el presupuesto público se convierta en un “botín político y económico”.7
Foto: Beatriz Piña
Reforma busca transparentar contratos y frenar empresas fantasma
Entre los principales puntos de la iniciativa destaca el establecimiento de plazos obligatorios para publicar documentos relacionados con contratos de obra pública, como pagos, facturación, subcontrataciones e identificación de quienes controlan las empresas contratistas.
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La propuesta también contempla impedir la simulación de competencia en licitaciones y evitar que empresas señaladas por el SAT como emisoras de facturas falsas participen en concursos de obra pública.
Además, plantea fijar un límite del 20 por ciento del presupuesto para adjudicaciones directas, ya que la legislación actual no establece ningún tope en este rubro.
Proponen multas, inhabilitaciones y nulidad de contratos por irregularidades
La legisladora advirtió que la ley vigente permite ocultar quiénes están detrás de las empresas contratistas y dificulta detectar posibles actos ilícitos contra el erario.
Por ello, la iniciativa propone que todos los contratos identifiquen al beneficiario controlador y que dicha información quede registrada en el padrón de contratistas. También establece que proporcionar datos falsos sea motivo de cancelación del registro.
La reforma incluye además la prohibición de contratar obra pública mediante comités inoperantes y contempla sanciones graves para funcionarios que incumplan esta disposición.
Asimismo, busca fortalecer la figura del testigo social mediante la creación de un órgano ciudadano de vigilancia permanente con acceso a información en tiempo real.
En materia de sanciones, la iniciativa plantea ocho nuevas infracciones, multas de hasta el 15 por ciento del monto contratado, inhabilitaciones de tres a cinco años y la nulidad absoluta de contratos en los casos más graves.
