Guasave, Sin. La confrontación protagonizada por el oficial mayor del Ayuntamiento de Guasave, Humberto Gálvez Bernal, con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante una manifestación pacífica, no debe quedar únicamente en una disculpa pública, consideró el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco.
El litigante sostuvo que el actuar del funcionario municipal podría constituir una violación a derechos fundamentales relacionados con la libre manifestación y la libertad de expresión, por lo que consideró que deben existir consecuencias administrativas por lo ocurrido.
“Con una disculpa no basta. Quien ofenda al ciudadano y violente los derechos de los ciudadanos debe hacerse responsable de sus actos. No debe permanecer una persona que se aprovecha de su investidura para agredir u ofender a quienes se manifiestan de manera pacífica”.
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Abogados señalan que oficial mayor actuó como servidor público en confrontación
Beltrán Verduzco indicó que, independientemente de las razones personales que haya expuesto el funcionario, durante el incidente se encontraba desempeñando un cargo público y representando a la administración municipal.
Explicó que esa condición obliga a los servidores públicos a conducirse con respeto y prudencia frente a cualquier manifestación ciudadana.
“No actuó como maestro ni como ciudadano, actuó como oficial mayor. En ese momento representaba al ayuntamiento y tenía la obligación de respetar a quienes ejercían su derecho a manifestarse”.
Cuestionan abogados permanencia en el cargo del oficial mayor en Guasave
El presidente de la Alianza Mexicana de Abogados señaló que los hechos deben analizarse con seriedad debido a la responsabilidad que tiene el oficial mayor dentro de la estructura administrativa municipal.
Recordó que se trata de un funcionario encargado de coordinar áreas relacionadas con el personal del Ayuntamiento de Guasave, por lo que consideró preocupante el comportamiento exhibido durante el intercambio con los docentes.
“Es una persona que tiene bajo su responsabilidad gran parte de la estructura administrativa del municipio. No hay justificación para una actitud prepotente contra ciudadanos que ejercían un derecho constitucional”.
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Finalmente, hizo un llamado a que el caso no sea minimizado y a que se privilegie el respeto a los derechos de los ciudadanos que participan en manifestaciones públicas
