Culiacán, Sin.– El 3 de octubre del presente año entrará en vigor el nuevo modelo de justicia laboral en Sinaloa y con ello el inicio de la tercera y última etapa de implementación de dicho modelo que ya opera en dos terceras partes del país.
El secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares, destacó que ese mismo día inician funciones la Delegación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en Sinaloa, así como los tribunales laborales federales, los cuales estarán encabezados por una mujer.
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El funcionario dio un informe en la conferencia semanera encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya, acerca de la creación del Centro Estatal de Conciliación Laboral, el cual estará ubicado en Culiacán y se tendrán dos delegaciones más de este centro en principio y estarán en las ciudades de Ahome y Mazatlán.
Mencionó que el gobernador Rocha ha enviado ya la consideración del Congreso del Estado, la cual es una terna integrada por tres mujeres, bajo la lógica del avance en materia de paridad para que se pueda elegir quien será la persona titular de este Centro de Conciliación Laboral Estatal.
“El Gobernador del Estado como titular del Poder Ejecutivo ha enviado ya a la consideración del Congreso una terna integrada por tres mujeres, es decir, bajo la lógica del avance en materia de paridad para efecto que, entre ellas con currículos muy sobrados, muy cumplidos en esta materia se pueda elegir a quien será la persona titular de este Centro de Conciliación Laboral Estatal”, aclaró.
En otro tema, el secretario general de Gobierno anunció que se han enviado al Congreso del Estado cuatro iniciativas en materia de igualdad de género, con el fin de contribuir a la agenda púrpura, las cual contempla reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley para Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa, a la Ley para Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Sinaloa y al Código Penal.
Aclaró que se contempla para la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la obligación del Estado y municipios para instrumentar medidas presupuestales y administrativas para hacer frente a la violencia de género contra las mujeres, contemplando la violencia obstétrica, mediática y digital como tipos de violencia y con esto definir sus características.
En cuanto a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se busca, aseguró que además de modificar y armonizar la terminología y los contenidos con la ley general se prevé la obligación de implementar acciones para procurar igualdad sustantiva, poner bases para la expedición de los certificados de igualdad a las empresas, la verificación de cumplimiento de paridad de género y la prohibición de publicidad con estereotipos.
En relación con la Ley para Protección, Atención y Asistencia a Víctimas de los delitos en materia de trata de Personas, Inzunza Cázares, detalló que se prevé que el sistema estatal de trata de personas pase a la responsabilidad de la Secretaría de las Mujeres, para prevenir la violencia en contra de las mujeres y para lograr la igualdad sustantiva.
