Los Mochis, Sin.- Una madre acudió al Juzgado Primero de lo Familiar en la Unidad Administrativa, acompañada de un pequeño grupo de feministas para denunciar supuestos actos de corrupción por parte de jueces y agentes del Ministerio Público, a quienes señala de haber actuado parcialmente en la querella que interpuso en contra de su expareja, y quien se desempeñara como funcionario municipal en la administración de Manuel Guillermo Chapman Moreno.
Reyna Emilia Loera Gutiérrez, señaló que el pasado 9 de abril su expareja, Héctor Morales Ibarra, fue por su hija con la intención de llevarla a comer, y desde entonces no pudo localizarla, por lo que interpuso una querella por sustracción de menores, misma que no ha avanzado, según la denunciante, debido a las influencias del exfuncionario público.
Reyna Emilia, aseguró que luego de su divorcio en el 2009 de Héctor Morales, recibió durante tres años el pago puntual de la pensión alimenticia de la hija en común, pero en el 2012 dejó de hacerlo, por lo que a decir de la denunciante, se acumula un adeudo cercano a los 200 mil pesos.
“Creo que son alrededor de 200 mil pesos, son tres mil pesos mensuales, cien pesos diarios, puse denuncia por sustracción de menores, pero no han querido hablar, actuar, ni allá, ni aquí, por eso fui a Derechos Humanos”, dijo.
Por su parte, Héctor Morales desmintió las acusaciones, y mostró documentos en los que un juez federal ordenó al juez del fuero común (tras vinculación a proceso) la absolución por el pago de la cantidad de 216 mil pesos que reclama la denunciante.
De la misma forma, reconoció que la menor se encuentra temporalmente bajo su custodia, pero aseguró que lo hace a petición de la propia adolescente, quien tiene ya 15 años de edad y le manifiesta constantemente su temor por presunta violencia ejercida en la casa de su madre.
“Lo que nuestra hija dice que en esa casa siempre hay violencia, que el señor la maltrata mucho, la pareja actual maltrata mucho de la señora, y yo lo único que quiero es que mi hija esté bien y crezca sana”, dijo.
Luego de la manifestación, Línea Directa intentó comunicarse con la juez Elizabeth Miranda Castro, titular del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Familiar, sin embargo, no fue posible obtener ninguna declaración de la funcionaria.
