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Los Mochis, Sin.- El 23 de febrero el Senado de la República aprobó la modificación al Artículo 176 de la Ley Federal de Trabajo, que prohibía a menores de 16 y 17 años laborar en actividades agrícolas, forestales, de aserradero, silvícolas, de caza y pesca, por implicar la exposición a riesgos químicos y maquinaria peligrosa.
Sin embargo, con el voto positivo, los jovencitos de esas edades podrán ser empleados en estas actividades beneficiando a los productores agrícolas.
María Isabel Astorga Soto, activista a favor de los derechos de los trabajadores agrícolas migrantes indígenas, señaló que antes de la reforma, muchos de los jovencitos de las etnias rarámuris, tepehuanes, tzotziles, tezeltales, tojolabales, entre otras, se movilizaban a Sinaloa y eran contratados por los agricultores.
Sin embargo, la prohibición escrita en la ley permitía, por lo menos, controlar estas contrataciones que se contraponen a los compromisos internacionales a los que México está suscrito, como: Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.
Astorga Soto señaló que con la reforma, muchos de los indígenas adolescentes podrán emplearse, pero muy pocos realmente podrán soportar la carga laboral debido a su bajo desarrollo físico.
“No todos los niños o niñas tienen las mismas condiciones físicas, habrá niños que ya estén desarrollados como adultos y que puedan soportar esas jornadas laborales, y más en las condiciones de desarrollo de ellos, que parece que tienen 9 o 10 años. Y, si bien es cierto muchos niños lo hacen para ayudar a sus familias, pero no se debiera, primero debería prevalecer su derecho a la salud y educación para que puedan salir de esos tipos de roles de pobreza en los que se desarrollan”, explicó la también especialista de la salud.
María Astorga exhortó a los legisladores a no sólo trabajar en favor del derecho a un empleo de los adolescentes indígenas, sino también al acceso a la salud y educación para que mejoren su calidad de vida.
Además, en exigir a los productores agrícolas que apliquen medidas de seguridad para sus trabajadores, y reduzcan el uso de pesticidas nocivos para la salud.
