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Los Mochis, Sin.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el tema de la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente y lo relativo a la posible consulta indígena, el próximo 6 de abril de este año.
Esto en relación a la nota publicada este sábado por el periódico Reforma, la Segunda Sala de la Corte analizará confirmar el amparo concedido en febrero de 2021 por un juez federal de Los Mochis en favor de la comunidad pesquera mayo-yoreme de Lázaro Cárdenas.
Además, tomará en cuenta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que autorizó la planta de amoniaco en 2014, con ciertas condicionantes que ha cumplido la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio suizo Proman.
De acuerdo al contenido de la nota informativa, el proyecto del Ministro, Alberto Pérez Dayán, rechaza o declara insuficientes los argumentos de Semarnat para defender su oficio de 2014, lo que obligaría a la dependencia federal a realizar la consulta indígena.
Con esto, la Semarnat tendrá que coordinarse con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para celebrar una consulta con todas las comunidades indígenas dentro del área de influencia del proyecto, no sólo con Lázaro Cárdenas.
Es decir, la dependencia federal tendría que informar a las comunidades tradicionales cercanas al proyecto los temas medioambientales relativos a la planta de fertilizantes, así como las condicionantes que puso al proyecto, y que se han ido cumpliendo en tiempo y forma.
Cita la nota que, de ser confirmado el amparo, la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por GPO deberá ser actualizada, de acuerdo a los requerimientos que plantee la Corte.
Tras conocer la decisión de la Corte respecto a la fecha para revisar en el pleno el proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente, su director general, Arturo Moya Hurtado, manifestó su beneplácito por esta determinación.
“Lejos de afectarse al proyecto, se va a destrabar, y es algo que desde hace mucho tiempos hemos estado pidiendo: que se defina de una vez por todas el futuro de nuestro proyecto”, dijo.
Añadió que, si la decisión de la SCJN es de que se realice la consulta indígena, la empresa está preparada porque desde hace por lo menos ocho años se han implementado las políticas sociales de la empresa, para buscar mejorar las condiciones de los habitantes de las comunidades tradicionales.
Moya Hurtado reiteró que están listos para iniciar la construcción de la planta de fertilizantes, porque consideró que la consulta indígena recibirá el apoyo de las comunidades, puesto que desde hace por lo menos cinco años se les ha venido informando de todo lo relacionado con el proyecto.
