Los Mochis, Sinaloa. No existe posibilidad de que el Gobierno Federal dé marcha atrás al proyecto de instalación de la planta de fertilizantes en el puerto de Topolobampo, y por ese motivo busca adoptar de manera colegiada y trabajar en conjunto con la comunidad para implementar todas las medidas de protección y mitigación de impacto ambiental para la bahía, así como de seguridad para la comunidad, informó Mauricio Rodríguez Alonso.
El representante del Gobierno de México para la instalación de la planta de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), al ser entrevistado por Víctor Torres durante la segunda emisión de Línea Directa este martes 14 de julio de 2026 sobre la utilidad de las mesas de diálogo anunciadas y sobre la posibilidad de que el proyecto que lleva 80 por ciento de avance se cancele, como lo solicita el colectivo AquíNo, así respondió:
“No, por eso queremos el diálogo; lo que nosotros queremos es ver qué medidas podemos adoptar y trabajar en conjunto con la comunidad para que todas las medidas de seguridad y protección y de mitigación para la bahía las podamos adoptar de manera colegiada, de manera conjunta”.
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Después de las mesas de diálogo seguirán las acciones
Ante la pregunta de si hay fecha límite de la empresa GPO para reanudar los trabajos de conclusión de la planta, los cuales permanecen paralizados debido a la toma de las instalaciones realizada por opositores al proyecto, el funcionario federal respondió que después de desarrollar las mesas de diálogo seguirán las acciones y conclusiones, por lo cual es muy importante el inicio de este proceso.
Respecto a qué pasará si los grupos opositores siguen en su postura de rechazo a la planta después de las mesas de diálogo, el funcionario respondió que siempre son respetables las posturas de manifestación e inconformidad que tengan, ya que la diferencia no es tema que asuste al gobierno de México, sino que su preocupación es que todas las acciones se desarrollen con respeto a la ley y la razón.
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“El punto central es cómo le hacemos para tener soberanía alimentaria, desarrollo económico y la máxima protección al medio ambiente, así como la seguridad de las comunidades”, destacó, al asegurar que no son objetivos opuestos, sino que ambas son responsabilidades públicas que deben avanzar de manera conjunta mediante decisiones técnicas, transparencia, regulación y supervisión permanente.
