Los Mochis Sin.– La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicita al Gobierno Federal respete la ley y brinde certidumbre jurídica para la inversión de planta de amoniaco en el puerto de Topolobampo.
El Gobierno Federal debe lograr que los empresarios tengan confianza en que en México se puede invertir con seguridad.
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Jorge López Valencia Presidente de Coparmex delegación Los Mochis indico que al sector empresarial les preocupa la falta de certidumbre jurídica que está provocando el presente Gobierno Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al cancelar inversiones millonarias mediante mecanismos de consulta ciudadana.
“En la Coparmex consideramos que no se debe someter una consulta una obra que está en proceso, ya que sería un ejercicio inconstitucional y el titular del poder ejecutivo federal debería ser el primero en respetar la ley, a través de una consulta ciudadana que es anticonstitucional en este caso se esté cuestionando la viabilidad de la empresa, estamos muy preocupados porque el estado de derecho se está vulnerando”.
El gobierno federal pone en riesgo inversiones, que por mucho tiempo ese han estado esperando para el desarrollo económico, como la inversión que fue cancelada en el aeropuerto de Texcoco, después, la de la planta de Constellation Brands en Mexicali, y ahora este nuevo caso es el de la planta de producción de amoniaco, un polo de desarrollo que se ha buscado mucho tiempo y son muy importantes en el norte de Sinaloa, puntualizo López Valencia
“están inversiones son tan importantes para el norte de Sinaloa que por muchos años hemos estado esperando la oportunidad de generar una industria que pueda traer beneficios a toda la población, no nomas en los empleos que generará en la construcción o empleos permanentes, si no todo el desarrollo económico que se puede dar a través de esta plana el polo de desarrollo, me preocupa mucho que no estemos viendo esa parte”.
Jorge López reitero que el gobierno federal está sometiendo a consultas ciudadanas o populares aquellas decisiones que le toca resolver a la autoridad y eso dijo es totalmente ilegal, al puntualizar que, el Artículo 35, Fracción VIII, Numeral 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrán ser objeto de consulta popular las obras de infraestructura en ejecución.
Por otra parte, subrayo que el argumento presidencial de la falta sustentabilidad de la planta, es falso, ya que el proyecto fue aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), del propio Gobierno Federal.
Asimismo, la tecnología y autorizaciones de la planta fueron avaladas por el Centro Mario Molina, del Premio Nobel de Química. También cuenta con el visto bueno del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación (Inapi) y del Grupo Interinstitucional de Asesoría Técnica (GIAT). Cumple con requisitos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y del Banco Mundial, en materia social y de medio ambiente.
Aunado a ella, la planta está localizada en una zona industrial, ya impactada por infraestructura de las empresas paraestatales Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Administración Portuaria Integral (API) de Topolobampo.
Además, la empresa que construirá la planta anunció la implementación de 12 programas sociales en beneficio directo de la comunidad, entre estos: un laboratorio de larva de camarón; una comercializadora de camarón (para disminuir el coyotaje en detrimento del pescador) el saneamiento de la Bahía de Ohuira y del Maviri.
Asimismo, brindará asesoría legal y administrativa a cooperativas y pescadores independientes, mejorará la infraestructura urbana, escolar y deportiva de la comunidad; realizará brigadas médicas; otorgará becas escolares; y establecerá un programa de rescate de lenguas y tradiciones indígenas.
Uno de los principales retos que enfrenta México es el de atraer mayores inversiones, lograr que los empresarios tengan confianza en que en nuestro país se puede invertir con seguridad, por lo que cancelar proyectos de gran envergadura provocará que la recuperación económica sea más lenta y dura para miles de familias mexicanas, señalo el empresario.
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