Culiacán, Sinaloa. El Congreso del Estado de Sinaloa recibió formalmente la propuesta del Poder Ejecutivo para nombrar a Sandra Guadalupe Angulo Cázarez como nueva secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno estatal, tras la renuncia de María Guadalupe Ramírez Zepeda, así lo confirmó el presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Rodolfo Valenzuela Sánchez, este lunes 5 de enero de 2026.
En entrevista vía teléfono, el legislador precisó que el oficio fue enviado por el gobernador Rubén Rocha Moya y que, conforme a lo que establece la Constitución, corresponde al Poder Legislativo ratificar el nombramiento en el Pleno.
Añadió que la propuesta fue recibida poco antes de las 9:00 de la mañana de este lunes y el Congreso procederá conforme a la ley.
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“Ya llegó la propuesta, es un aviso, un oficio que manda el gobernador donde declara su intención de cambiar a la secretaria de Transparencia y nosotros tenemos que ratificarla de acuerdo a lo que nos marca la Constitución, tenemos que ratificarla en el pleno”, expresó el legislador.
Valenzuela Sánchez señaló que se estima que la votación se realice durante la sesión ordinaria de este martes 6 de enero, y en caso de alcanzar las dos terceras partes de los votos del Congreso, la propuesta quedaría aprobada.
Agregó que de concretarse la ratificación, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez entraría en funciones a partir del miércoles, una vez concluido el proceso de entrega-recepción con la secretaria saliente, además de asumir formalmente la responsabilidad del cargo y rendir cuentas conforme a la normatividad vigente.
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¿María Guadalupe Ramírez Zepeda estaba siendo investigada?
Sí. María Guadalupe Ramírez Zepeda fue investigada por presuntos gastos irregulares en viáticos, luego de señalamientos por consumos elevados durante viajes de trabajo cuando se desempeñaba como secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa.
La Auditoría Superior del Estado abrió un cuadernillo de investigación, pero tras reintegrar más de 150 mil pesos por gastos excesivos en viajes, el organismo determinó que el posible daño había sido resarcido y cerró la investigación, por lo que el caso no derivó en sanciones administrativas ni penales, aunque sí generó críticas y presión política.
