Los Mochis, Sinaloa. – Es importante respetar la libertad de expresión de todos los ciudadanos, así como la revisión de cualquier propuesta bajo un encuadre jurídico constitucional, comentó Imelda Castro Castro sobre la iniciativa de “Ley Antistickers”, que busca sancionar el uso de representaciones digitales que ridiculicen o dañen la reputación de otra persona.
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La senadora de la República por el partido Movimiento de Regeneración Nacional mencionó que desconoce sobre dicha iniciativa impulsada por el morenista Armando Corona Arvizu, sin embargo, cualquier propuesta debe ser revisada debidamente.
“La verdad la desconozco quién la trae, pues hay que revisarla, yo creo que es importante también respetar la libertad de expresión de los ciudadanos. Pues hay que revisarlo, acuérdense que decía el presidente López Obrador que no hay que censurar, que nosotros somos un movimiento de libertades”, dijo.
Asimismo, precisó que los legisladores tienen el derecho de presentar sus respectivas iniciativas, pero, deben ser revisadas bajo un encuadre jurídico constitucional con la intención de no afectar en los derechos de la población.
La senadora enfatizó que es importante hacer el análisis de esta propuesta que adiciona disposiciones a los artículos 211 Bis 8 y Bis 9 al Código Penal Federal, donde se contempla el aumento de pena cuando el material tenga de víctima a un servidor público, para no generar controversias.
“Yo creo que los legisladores tienen todo el derecho de presentar sus iniciativas, de que se revisen, de que se haga un encuadre jurídico constitucional y si hay un tema que se hace controversia con otros derechos porque si ellos buscan garantizar unos derechos, pero afectan con otros entonces se tiene que revisar”.
Subrayó que investigará y analizará esta nueva propuesta en los próximos días por la falta de información sobre la misma, a fin de no ofender o hablar mal del iniciador que la presentó en la Cámara de Diputados.
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Es importante recordar que, según el legislador Corona Arvizu, la “Ley Antistickers” tiene el propósito de proteger a la ciudadanía de ciber acoso y contenido multimedia manipulado, con una pena de tres a seis años en prisión y de trescientos a seiscientos días de salario como multa.
