Las resoluciones fueron apegadas a la ley: Aviña Ramírez

Culiacán, Sin.- Luego de darse a conocer las inhabilitaciones y multas a seis exservidores de la administración de Mario López Valdez, quienes en conjunto regresarían al erario alrededor de 60 millones de pesos, Rogelio Aviña Ramírez, señaló que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas emitió la resolución siempre apegados a la ley. El subsecretario de Responsabilidad y Normatividad en el Estado, dio a conocer el procedimiento que realizaron con los exfuncionarios de la pasada administración hasta llegar a las resoluciones dadas a conocer el día de ayer.
Comentó que una vez que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas hace la auditoría o una fiscalización, turnó el asunto al área jurídica que es el área de responsabilidades administrativas, luego llamaron a procedimiento a los servidores públicos, ellos desahogaron sus pruebas como una especie de juicio, y al final se dicta la sentencia.
Agregó que ya que se dicta la resolución administrativa, se le da vista de esta sanción a la autoridad tributaria, en este caso la Secretaría de Administración y Finanzas, y es cuando inicia el procedimiento que marca el Código Fiscal del estado de Sinaloa, entonces las sanciones se traducen en un crédito fiscal y se siguen las etapas que marca la propia Ley Fiscal del estado para ser ejecutables esas cantidades de dinero.
Rogelio Aviña señaló que se pueden llegar a embargos, congelamiento de cuentas, y todas las atribuciones que tiene la autoridad fiscal.
?Adicionalmente las otras responsabilidades, que pueden ser las de carácter penal, ya las tendrá que delimitar la Fiscalía.
?Nosotros ya hicimos del conocimiento de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de Gobierno del Estado, los hechos, entiendo que ya se presentaron las denuncias respectivas, y ya será otra autoridad la que delimite en el ámbito penal, si ha o no a lugar a proceder o no en ese contexto?.
Dio a conocer que la responsabilidad del servidor público está diseñada en varios ámbitos: puede ser de carácter penal, de carácter civil y administrativa.
Es importante señalar que conforme nos lo marca la ley, la Secretaría de Transparencia ya culminó lo que le tocaba: ya auditamos, ya detectamos observaciones, esas observaciones las verificamos y se tradujeron en una responsabilidad administrativa para un servidor público los llamamos, les dimos garantía de audiencia, desahogamos todo el proceso jurídico que nos marca la ley, y emitimos una resolución, luego procede la ejecución, que le corresponde a la autoridad fiscal y la delimitación de la conducta penal está acotada a la Fiscalía.
La autoridad tendrá que ceñirse al marco de actuación que marca la Ley Fiscal y hacer este procedimiento para tratar de recuperar estas sanciones que la Secretaría de Transparencia ha emitido.
Esos hechos que ya fueron sancionados, hasta ahí podemos llegar conforme a lo que la Ley nos dice, así está diseñado el sistema y tenemos que actuar en base a las atribuciones que nos da la ley, en ese sentido, ya culminamos el proceso de responsabilidades.
?Los hechos que se han dado a conocer, se hace un planteamiento general de hechos, es muy complicado y no podemos hacer una delimitación específica de hechos. Cada servidor tiene una participación dependiendo de su grado, nivel, sus atribuciones, de cómo está establecido en los reglamentos manuales, y en ese grado nivel de actuación, le pedimos que nos rinda cuentas sobre determinados hechos, y en ese sentido ellos tendrán que contestar a los hechos, vamos valorando una serie de pruebas que nos ofrecen y hacemos la individualización de la sanción?.
Dejó en claro que no a todos se les sanciona de la misma manera ya que tienen distinta participación en los hechos.
?Todo lo que hemos hecho, que es una especie de juicio administrativo, tiene que venir debidamente soportado en todas las pruebas, esas pruebas se les hacen de conocimiento a los involucrados previamente, desahogan y ofrecen sus propias pruebas, se les escucha en juicio y se emite la resolución, que tiene los mismos requisitos de una sentencia?.
Preguntado sobre el caso de Rafael Lizárraga, exsecretario de Turismo, a quien se le sancionó con 30 días sin goce de sueldo, reveló que en este caso se habló de una falta de supervisión de su parte, la cual impactó en la generación de unos hechos indebidos, que fue lo que le reclamaron.?Esta conducta la contestó e hicimos una valoración acorde a las pruebas que ofreció, al igual que en todos los casos, no hubo ninguna limitación de ningún tipo, hicimos una valoración objetiva y tomamos la decisión?.
SALUD
En lo concerniente a la Secretaría de Salud, donde se han detectado desaseos de más de 900 millones de pesos, el funcionario señaló que actuaron en distintas pistas a través de distintos sustentos jurídicos.
?En el caso de los hallazgos que la secretaria presentó ayer, hay que tener en claro que son preliminares, o sea derivados de una auditoría y se tiene que seguir un proceso jurídico legalmente establecido, es decir, se tiene que correr una notificación a la autoridad para que aclare esos hechos, si es que lo puede hacer, si no puede, el hecho se traduce en una posible responsabilidad administrativa que debe ser informada de manera oficial a la Subsecretaría de Responsabilidades para que llame a procedimiento administrativo a los posibles involucrados?.
Todo eso lleva un proceso que marca la ley el cual deben respetar y para lo cual marca un plazo que puede variar entre 3 y 6 meses.
?Hemos buscado mecanismos para agilizarlos y trataríamos de que fuera en el menor tiempo posible. Son hallazgos muy importantes y vamos a estar muy pendientes de ellos para darle la atención que legalmente les corresponda?, dijo para culminar.
RMC