Guasave, Sinaloa. – La investigación por la muerte de Píndaro N, investigador de Ciidir-IPN, debe ir más allá de la responsabilidad penal, precisó el vicefiscal general del estado, Dámaso Castro Zaavedra.
Entrevistado en torno al hecho que cobró la vida de una persona el pasado domingo 1 de febrero del 2026 en pleno Centro de la ciudad de Guasave, el representante de la Fiscalía General del Estado, reiteró que se abrió una carpeta de investigación por la muerte del doctor en ciencias fallecido.
“A nosotros se nos reporta como un homicidio culposo. En relación con el evento que surgió. ¿Y la responsabilidad caería de parte de las autoridades del ayuntamiento? Esa se va a determinar. Generalmente la responsabilidad penal es personalísima, pero es un tema que tiene que verse en la carpeta de investigación, más allá de eso”, precisó el vicefiscal.
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Al mediodía de este miércoles, peritos investigadores de la FGE hicieron acto de presencia en el lugar de los hechos para hacer el levantamiento de los datos sobre la avenida Juan Carrasco y revisar el socavón en el que cayó Píndaro Álvarez Ruiz, así como ordenar la revisión de las videocámaras que hay en el lugar.
“De inicio lo inicial, las inspecciones del lugar, los trabajos de identificación del cadáver, se está recabando información con el tema del IPH (Informe Policial Homologado), o el parte de accidente por parte de las policías”, es lo que se está recabando, dijo el vicefiscal general en Sinaloa.
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¿Qué tipo de responsabilidad pudiera recaer sobre el Ayuntamiento por la muerte de una persona en el socavón de Guasave?
Los tipos de responsabilidad que pudieran recaer son:
• Responsabilidad patrimonial del Estado: Esta es la principal vía. Al ser una vía pública de competencia municipal (Ayuntamiento), existe un “riesgo creado” por la falta de reparación, lo que obliga a la autoridad a indemnizar a los familiares de la víctima por los daños y perjuicios causados por su actividad irregular o inacción.
• Responsabilidad civil (Negligencia): Abogados y regidores locales han señalado que la falta de señalización, el retraso de aproximadamente cinco a seis meses en la reparación y la omisión de medidas de seguridad (a pesar de las advertencias) constituyen una omisión negligente por parte de las autoridades municipales.
• Responsabilidad administrativa: Los funcionarios públicos encargados del mantenimiento vial y obras públicas (Dirección de Obras Públicas, Protección Civil) podrían enfrentar sanciones administrativas, incluyendo inhabilitación, por no cumplir con sus funciones de salvaguardar la integridad de los ciudadanos.
• Responsabilidad penal: (investigación): Debido a que el incidente resultó en una pérdida humana (homicidio culposo por omisión o negligencia), se ha exigido a la Fiscalía General del Estado investigar a las autoridades municipales responsables por la falta de atención al socavón.
