Guasave, Sinaloa. Le llegó el pavimento a la sindicatura de La Brecha, este miércoles 3 de diciembre de 2025 se iniciaron los trabajos en la calle Vicente Guerrero junto con los tramos que conectan con Blas Valenzuela y Revolución, será una obra que se realizará con recursos provenientes del predial rústico, bajo una inversión de 5 millones 864 mil pesos.
Durante el arranque de los trabajos, la presidenta municipal de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, señaló que estos recursos corresponden a aportaciones hechas por los productores del campo y que deben reinvertirse en las propias comunidades rurales. Indicó que esta obra permitirá cerrar un circuito vial frente a la plazuela y la iglesia de la sindicatura, lo que facilitará la movilidad y el acceso a viviendas, comercios y distintos servicios.
“Hoy con este banderazo reafirmamos algo muy importante: que en Guasave las obras llegan a donde realmente se necesitan y donde conviene, donde no conviene, como dicen luego, utilizarlo como bandera política, eso no conviene, conviene decir que el dinero es del pueblo y al pueblo tiene que regresar, eso es lo que ustedes tienen que saber, no decir vengo porque quiero seguir estando en la política y quiero quedar bien, no, decir que esto es de ustedes y que tiene que ser regresado al pueblo”, expresó.
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Por su parte, el director general de Obras, Rael Rivera Castro, detalló que el proyecto contempla la pavimentación de 180 metros lineales con un ancho de 12.56 metros, además de 700 metros cuadrados de banquetas, así como la instalación de tubería de agua potable, drenaje sanitario, tomas y descargas domiciliarias, y alumbrado público.
Habitantes y representantes ejidales coincidieron en que la pavimentación de esta vialidad era una demanda de años debido al deterioro de la calle y a los problemas de acceso, principalmente durante la temporada de lluvias. Esteban Ruelas Flores, tesorero del ejido La Brecha, expresó que esta obra contribuirá a reducir el rezago en infraestructura básica de la comunidad.
A la gira de inicio de obra también acudieron autoridades municipales y regidores, quienes supervisaron el arranque de los trabajos en la zona.
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¿Por qué los ayuntamientos están obligados a aplicar los recursos del predial rústico a las comunidades?
Porque así lo establece el marco legal que regula los ingresos municipales y el destino de los recursos provenientes de la propiedad rural.
En términos generales los ayuntamientos están obligados a aplicar el predial rústico en beneficio directo de las comunidades rurales por las siguientes razones:
1. Origen del impuesto
El predial rústico se cobra sobre terrenos y parcelas ubicados fuera de la zona urbana. Es decir, lo pagan principalmente ejidatarios, pequeños propietarios y productores rurales. Por un principio de equidad fiscal, ese dinero debe regresar a esas mismas zonas en forma de obras y servicios.
2. Disposición en leyes de coordinación fiscal y leyes hacendarias estatales
En varios estados de México, incluida Sinaloa, la Ley de Hacienda Municipal y la Ley de Coordinación Fiscal estatal establecen que los recursos provenientes del predial rústico deberán destinarse preferentemente a:
* Infraestructura rural
* Caminos y accesos a comunidades
* Alumbrado público
* Agua potable y drenaje
* Mejoramiento de espacios comunitarios
* Apoyos a la producción
3. Finalidad social del recurso
El predial rústico tiene un carácter compensatorio, ya que las comunidades rurales históricamente han tenido menos inversión pública que las zonas urbanas. Por eso, la ley busca garantizar que esos recursos no se concentren en la cabecera municipal, sino que se reinviertan donde se generan.
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4. Transparencia y rendición de cuentas
Los Ayuntamientos están obligados a justificar en qué obras y acciones aplicaron el recurso, especialmente ante:
* El Congreso del Estado
* El órgano de fiscalización (Auditoría Superior)
* La ciudadanía
Si el dinero del predial rústico se utiliza en zonas urbanas u otros fines distintos, puede considerarse un desvío de recurso con destino etiquetado.
5. Derecho de las comunidades rurales
Las comunidades no lo reciben como un “apoyo”, sino como un derecho legal, porque el impuesto sale de su patrimonio territorial.
