Culiacán, Sinaloa. En Sesión Ordinaria, avanzó una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena que busca regularizar las instituciones y organismos dedicados a la rehabilitación de personas con problemas de adicciones. A la propuesta se le dio primera lectura y fue turnada para la segunda de ley.
La diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), subrayó la urgencia de actualizar una normativa que no se había revisado en más de una década, pues en algunos ni permiten supervisión y se autogobiernan.
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Señaló que la falta de vigilancia ha permitido casos de abuso, explotación laboral e incluso sexual, además de la presencia de menores de edad en espacios no adecuados. Trabajo forzado hasta para campos agrícolas o explotación sexual.
“Creo que lo hemos visto; a veces hay menores de edad, y deben estar en ciertos centros. En los casos de mujeres se han detectado también a veces excesos y prácticas que no son las convenientes, e igual se ha visto en algunos centros de rehabilitación de adicciones; lo hemos visto en este periodo que hemos vivido de violencia, que han sido incluso reserva humana para fortalecer bandas delincuenciales; eso es lo que hay que verse, el tema de regularse; aunque sean privados, son humanos y no puede haber ni trato de personas, ni explotación de las personas; ha habido hechos donde ha habido trabajo forzado hasta para campos agrícolas o explotación sexual”, dijo.
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La legisladora informó que la iniciativa se construirá bajo un proceso de parlamento abierto, en diálogo con autoridades de salud, organizaciones civiles y especialistas.
Aunque no se cuenta con un registro exacto, estimó que más de 30 centros de rehabilitación operan actualmente sin regulación en el estado.
La iniciativa plantea reformar diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, con el objetivo de fortalecer el marco normativo en materia de atención, prevención y regulación de servicios dirigidos a personas con adicciones.
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Entre los puntos principales se propone precisar los datos del padrón estatal de centros de rehabilitación, tanto públicos como privados, para contar con información sistematizada y confiable que permita a las autoridades una mejor supervisión y coordinación.
Asimismo, se contempla establecer un programa de regulación progresiva para aquellos centros que actualmente operan sin registro, brindándoles asesoría técnica, capacitación y acompañamiento hacia su formalización y eventual certificación, conforme a la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
La propuesta también incorpora mayores medidas de protección y seguridad para las personas internadas, con énfasis en el respeto a sus derechos humanos y condiciones dignas dentro de las instalaciones.
