Guasave, Sin. Debido a la advertencia del Gobierno del Estado, a finales del año, sobre la posibilidad de que la violencia en el centro y sur de la entidad se extendiera a los municipios del norte, se adquirieron de forma directa, sin pasar por licitación, 12 patrullas asignadas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Guasave, justificó la presidenta municipal, Cecilia Ramírez Montoya.
La alcaldesa reconoció que este movimiento de casi 15 millones de pesos puede ser sujeto a observación por parte de la Auditoría Superior del Estado, sin embargo, sostuvo que antes de ejecutar el gasto (que salió de Tesorería por medio de recursos del Fortamun) se analizó legalmente si se podía justificar ante la emergencia de seguridad que imperaba en su momento y que obligaba a los municipios a acatar la indicación del Estado de reforzar la seguridad en el norte.
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“Haciendo el llamado el Estado sobre que estuviéramos atentos por el efecto ‘cucaracha’ que iba a suceder debido a la violencia que hace un año se suscitó en Culiacán y que iba a emigrar y que pudiéramos nosotros estar en riesgo. Se hizo una solicitud a nuestro director jurídico, y con sustento se hizo todo el proceso con el comité de compras. Se hizo sin licitar, fue una compra directa, directamente de Tesorería, pero avalado por todos, puede ser que salga observado, si en determinado momento sale observado va a solventarse ese tema, sabemos nosotros que hay un sustento legal muy, muy fuerte”, precisó.
La alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya detalló que esta adquisición no se hizo en una sola emisión, primero se contrató a conocida agencia automotriz la compra de 10 unidades para la policía municipal, la cual implicó un gasto de poco más de 13 millones de pesos, ya que cada unidad costó arriba de 1.3 millones de pesos.
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Según la explicación del director Jurídico del Ayuntamiento, Daniel Hibraím López Armenta, después de esta primera compra de las 10 patrullas, se dieron cuenta que se requerían más para la Célula de Reacción Inmediata, lo que generó una nueva adquisición, también de forma directa; fueron dos unidades adquiridas en días distintos, lo que implicó una nueva adquisición de alrededor de 600 mil pesos por cada una.
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No hay preocupación por posibles señalamientos, sostuvo Daniel Hibraím López, pues explicó que hay garantía que está legalmente sustentada y todo el proceso se llevó conforme el marco jurídico, que no tendría ni porque ser observado por la auditoría, pero de ser así, afirmó que existe argumento legal válido, ya que se cumplieron con todos los procesos legales, los contratos de compra de las unidades fueron aprobados por unanimidad por los integrantes del comité de adquisiciones que integran, además del tesorero, el síndico procurador y los regidores de la Comisión de Hacienda en el Cabildo.
