Culiacán, Sin.- El anterior presidente del Tribunal de Justicia Administrativa Héctor Samuel Torres Ulloa no entregó los informes que marca la ley al Congreso de Sinaloa, ni procedió a la entrega recepción por lo se realizará una auditoría externa desde septiembre de 2017 hasta el 17 de abril de 2019, reveló Jesús Chávez Rangel.
Al hacer entrega del informe anual 2018-2019 a la 63 Legislatura, el actual presidente de este tribunal manifestó que la institución atraviesa serios problemas financieros que los obliga a trabajar en las áreas con el personal mínimo indispensable que impide cumplir con los casos de manera expedita.
“De que el anterior titular de la presidencia el entonces magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa omitió llevar a cabo el proceso de entrega-recepción de la presidencia y omitió rendir al pleno los informes financieros, ante ese estado de cosas la sala superior a definido la necesidad de una auditoría externa”, precisó.
Criticó que el Ejecutivo siga manejando el presupuesto del Tribunal de Justicia Administrativa y que los mantenga actualmente con 56 mil 315 pesos en la cuenta bancaria y un retraso de los recursos que les autorizó el Congreso de dos millones 419 mil 677 pesos.
“No obstante que la Constitución del estado desde 2017 y la Ley Orgánica de Justicia Administrativa desde 2018 ordenan lo contrario dicho presupuesto se administra mayoritariamente de la Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, quien mantiene a su cargo la nómina de este tribunal como si se tratase del antiguo y ya extinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, afirmó.
El presidente magistrado del mencionado tribunal dijo que a pesar de todas las dificultades con fallos a favor de la ciudadanía en un 91 por ciento que en términos de sentencias representan cuatro mil 471 casos.
Destacó que han brindado cuatro mil 118 asesorías jurídicas sin costo alguno para los ciudadanos a fin de que la falta de dinero no sea una limitante para que tengan acceso a la justicia.
El informe fue recibido por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Marco César Almaral Rodríguez.
