Culiacán, Sin.- Es necesario un diagnóstico más certero del delito de trata de personas en Sinaloa en cada una de sus variantes, sobre todo en la explotación laboral y sexual, una difusión masiva de las conductas, el fomento de la denuncia y un acercamiento con el sector empresarial para avanzar en la prevención, atención y no repetición de este tipo de conductas en el estado.
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En el conversatorio “Actuación interinstitucional para la atención, prevención y sanción del delito de la trata de personas” organizada como parte de la Comisión Interinstitucional para la Protección a Víctimas en Materia de Trata, se expuso la incidencia del delito en Sinaloa, las propuestas de atención y un análisis de los sectores en donde se debe enfocar la atención de la autoridad.
La titular de la Secretaría de las Mujeres, Teresa Guerra Ochoa, detalló que cuando la trata de personas es con el objetivo sexual, las niñas y las mujeres son las víctimas en más del 95 por ciento de los casos, mientras que cuando el propósito es la explotación laboral, más del 60 por ciento son varones.
Expuso que han encontrado que existe mucho subregistro del delito, ya que en la mayoría de los casos las víctimas no se atreven a presentar la denuncia por temor o vergüenza.
“Hay necesidad por muchas razones, hasta geográficas de hacer un trabajo más fuerte en el caso de Sinaloa para el tema de la trata. En enero de este año, el Congreso hace reformar para efecto de que el tema de la trata sea coordinado desde la Secretaría de las Mujeres y esto nos significa una gran responsabilidad y reto”, subrayó.
De acuerdo a la fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada, en 2023 se han abierto cuatro carpetas de investigación por trata de personas: tres casos fueron por explotación laboral grupal con la suma de 70 víctimas y una situación de explotación de prostitución de una menor de edad.
Entre los retos que destacó es el acercamiento con los sectores productivos y la creación de una metodología para atender la trata de personas y no incremente el delito en Sinaloa.
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En el conversatorio participaron la fiscal general del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada; el rector de la Universidad de la Policía, Óscar Fidel González Mendívil; el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Carlos Álvarez Ortega y la presidenta de las mujeres en México de la International Human Rights Commission, Alma Bernal.