Mocorito, Sinaloa. El alcalde de Mocorito, Enrique Parra Melecio dejó en claro que en el municipio se atenderá la orientación del gobernador del estado respecto a que no son tiempos políticos y que los funcionarios deben mantenerse enfocados en su trabajo, evitando cualquier tipo de promoción anticipada.
Señaló que hasta el momento no se ha detectado a ningún servidor público incurriendo en conductas que puedan interpretarse como actos adelantados de promoción, pero advirtió que, de presentarse algún caso, se actuará de manera inmediata.
Parra Melecio explicó que la indicación es clara y que su administración prioriza el cumplimiento del compromiso con la ciudadanía, por encima de cualquier aspiración personal que pudiera surgir entre integrantes del gabinete.
“Platicaríamos con la persona como una estrategia inicial e invitarlo a que se respeten los tiempos y el compromiso que tenemos primeramente con el pueblo”.
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Añadió que en caso de que algún funcionario manifieste intenciones políticas fuera de tiempo, primero se hará un llamado de atención y, de no atenderse la recomendación, se analizará qué procede conforme a la normatividad y a la responsabilidad del cargo.
El mandatario reiteró que en su gobierno se privilegia el orden, la legalidad y el respeto a los tiempos establecidos, por lo que aseguró que no se permitirá que se desvíe la atención del trabajo institucional.
Afirmó que comparte plenamente la postura expresada por el gobernador y que en Mocorito se mantendrán atentos para que el servicio público no se mezcle con intereses políticos anticipados.
¿Por qué es importante que los funcionarios públicos respeten los tiempos electorales y eviten la promoción anticipada?
El respeto a los tiempos electorales garantiza condiciones de equidad entre quienes eventualmente participarán en procesos democráticos y protege la función pública de desviaciones hacia intereses personales. Cuando los servidores públicos se enfocan en su labor institucional y separan claramente su trabajo de aspiraciones políticas, se fortalece la confianza ciudadana, se evita el uso indebido de recursos públicos y se mantiene la legalidad del proceso democrático. Además, permite que las administraciones mantengan su ritmo de trabajo sin distracciones que afecten la atención a las necesidades sociales.
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