Culiacán, Sin.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que continúan las investigaciones derivadas de los señalamientos realizados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez personas, entre ellas el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con la institución, hasta el momento no se cuenta con los elementos probatorios mínimos que exige el marco jurídico mexicano para atender la solicitud formulada por las autoridades estadounidenses.
Durante una conferencia de prensa en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México la tarde de este miércoles 8 de julio, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, dio más detalles sobre el proceso que se ha llevado tras los señalamientos hechos por EU.
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No se tiene pruebas concretas contra las 10 personas señaladas
El funcionario declaró que las investigaciones han sido exhaustivas después de que se dieran a conocer las acusaciones por el Departamento de Justicia, pero aún no se tienen las pruebas mínimas probatorias que se requieren para atender la solicitud del gobierno estadounidense.
Señaló que una parte de los trabajos de investigación han sido las entrevistas ministeriales a los personajes señalados, y que se realizaron en las instalaciones de la FGR en Sinaloa.
“No ha habido pruebas concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano. Ha sido y está siendo exhaustiva la investigación, se llevaron a cabo las entrevistas ministeriales, se citaron a las 10 personas”, explicó el fiscal especializado.
Investigación inicia por la solicitud de detención de autoridades estadounidenses
Boone de la Garza comentó que las investigaciones realizadas por la FGR dieron inicio derivado de la solicitud provisional para detener a las 10 personas señaladas; con base en ello, insistió, no ha habido pruebas concretamente para responder al gobierno estadounidense.
Añadió que la convicción de la FGR es ser exhaustivos en términos generales, y con prioridad en este caso, por lo que continúan recabando datos de prueba, solicitando informes y realizando todos los procesos que requiere este caso que involucra a funcionarios y exservidores públicos de Sinaloa.
