Mazatlán, Sin.– Alrededor de 15 familias ubicadas en la ampliación Bugambilias La Esperanza acusaron de la demolición de sus viviendas, incluso con violencia y amenazas, por parte de personas que pertenecen a una supuesta empresa propietaria de los terrenos.
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María del Carmen Ávalos Mariscal, una de las afectadas, señaló que la demolición de sus viviendas comenzó la tarde de este lunes, con maquinaria pesada, pero la persona que ordenó el derribo de las casas construidas con madera y cartón no presentó ninguna orden judicial para hacerlo.
“Nos están queriendo desalojar sin ninguna orden, no hay papeles y vienen con la máquina a desalojar a las gentes de aquí, cuando no se vale. A nosotros nos deben de traer una orden para desalojar, aparte nos han amagado, a ella (una de las vecinas) la golpearon”.
Algunos de los afectados descartaron que dichos terrenos estén “en engorda” y que al desalojarlos y derribar sus viviendas sin una orden legal están afectando su patrimonio familiar.
Por ello hicieron un llamado al alcalde Édgar González Zataráin para que los apoye, toda vez que señalaron que durante el desalojo acudieron elementos de la Policía Municipal, pero no hicieron nada para detener las acciones.
Por su parte, Eduardo Abad González aseguró ser el secretario de la supuesta empresa que compró los terrenos a Banorte, y mostró una escritura pública notariada donde detalla la compraventa celebrada entre el grupo financiero y “Por un patrimonio digno” Ampliación Bugambilia La Esperanza, S.A. de C.V.
El secretario de esta compañía dijo que estaban demoliendo viviendas de personas que ya decidieron comprar su terreno en la invasión, y que el desalojo de esta zona se debe a una petición que le hizo Protección Civil y otras autoridades, para regularizar la colonia.
“Nosotros ya, como representantes de la empresa, la dueña, ‘Por un patrimonio digno’, nosotros estamos desalojando esta parte otra vez, porque Protección Civil para poder regularizar la colonia, yo le tengo que dar los márgenes de la zona de riesgo. Me pide 12 metros desde la punta del arroyo hacia adentro”.
Afirmó que ya les ofreció la oportunidad de comprar terrenos que tengan certeza jurídica y que están ubicados en la misma invasión. Agregó que estos tienen un costo de 180 mil pesos, y tienen la opción de dar un enganche de 60 mil y el resto pagarlo a 2 años sin intereses.
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Señaló que quienes se niegan a liberar los terrenos son personas que no viven ahí y que los tienen “en engorda”, y reiteró que están a la espera de que Vivienda y Tenencia de la Tierra, la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable y Protección Civil le den el visto bueno al plano de la invasión.