México. En un mensaje contundente desde Tijuana, el presidente nacional de Coparmex, José Sierra Álvarez, advirtió que la extorsión se ha convertido en el delito que mantiene de rodillas a miles de empresarios en todo el país, al grado de constituirse como una de las amenazas más graves para la estabilidad económica y social de México.
Acompañado por 71 presidentas y presidentes de centros empresariales que representan a más de 100 ciudades, el líder del organismo lanzó este viernes 14 de noviembre del 2025 un llamado firme a los tres niveles de gobierno para frenar un fenómeno que ya no es marginal, sino una estructura criminal que define la vida en numerosos territorios.
“No podemos permitir que los grupos que operan fuera de la ley sustituyan al Estado, decidiendo quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va. La extorsión invierte. La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país. La extorsión es el delito que mata a las mipymes, que son el corazón productivo del país. La extorsión está destruyendo empleos, vaciando comunidades, distorsionando mercados y provocando una migración silenciosa y forzada. Y su expansión es la evidencia más dura de la falla institucional. México merece vivir en paz, México puede vivir en paz y México va a vivir en paz si todos cumplimos con nuestra responsabilidad histórica”, afirmó.
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El posicionamiento se dio en un contexto marcado por hechos recientes de violencia que evidencian el deterioro de la seguridad. Entre ellos, el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, que detonó movilizaciones intersectoriales y expresó un descontento que atraviesa generaciones, profesiones y regiones. Para el dirigente de Coparmex, estos episodios ratifican que México vive una violencia cotidiana en ascenso, donde la extorsión y el cobro de piso estrangulan economías locales, aceleran el cierre de negocios, vacían comunidades y provocan una migración silenciosa alimentada por el miedo.
Las cifras oficiales dimensionan la gravedad del problema. En lo que va del año, México registra 8 mil 585 víctimas de extorsión, un incremento del 5.2 por ciento. De ellas, 11.8 por ciento se concentran en 43 municipios fronterizos, donde el delito creció 15.2 por ciento respecto al año anterior. A esto se suma la enorme cifra negra producto de la falta de denuncias, derivada de la desconfianza y del temor a represalias, lo que sugiere que el fenómeno avanza sin freno y sin respuesta proporcional del Estado.
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La elección de Tijuana como sede del pronunciamiento no fue casual. La ciudad, reconocida por su resiliencia y su compleja relación con la violencia, ha logrado revertir tendencias en momentos críticos, convirtiéndose, según el organismo empresarial, en un espejo de urgencias, pero también en un espacio con aprendizajes que podrían inspirar políticas para otras regiones del país.
En su mensaje, el dirigente nacional de Coparmex urgió al gobierno federal a encabezar una estrategia nacional contra la extorsión con perspectiva de Estado, sin tintes partidistas y con la capacidad de erradicar redes de colusión que facilitan la impunidad. A los congresos y autoridades locales les pidió armonizar legislación, fortalecer estructuras y asignar presupuestos acordes con la magnitud del problema. De manera particular, al Senado de la República le exigió dictaminar de inmediato la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, ya aprobada por la Cámara de Diputados.
También llamó a los gobiernos estatales y municipales a depurar, profesionalizar y robustecer las corporaciones policiacas, al advertir que ninguna estrategia puede sobrevivir sin presencia territorial efectiva, sin capacidad de respuesta y sin cuerpos de seguridad confiables. La falta de institucionalidad, señaló, ha permitido que grupos criminales decidan quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién abandona su comunidad.
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El dirigente empresarial reconoció que la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades. Coparmex, afirmó, asumirá un rol activo mediante diagnósticos territoriales, mapas de riesgo, observatorios ciudadanos, pactos por la paz, programas de empleo, capacitación y protocolos de atención a víctimas. Además, se comprometió a articular actores locales y a señalar con evidencia si las acciones públicas funcionan o no.
En su mensaje final, Sierra Álvarez, destacó que México no está condenado, pero sí exige un esfuerzo conjunto capaz de restaurar la confianza social y la autoridad legítima del Estado. Subrayó que la seguridad no es un tema coyuntural ni un argumento para el debate político, sino la base indispensable para la convivencia y el desarrollo económico.
El llamado concluyó con una advertencia: Coparmex no aceptará normalizar el miedo ni la renuncia del Estado a su función esencial. Para la cúpula empresarial, este es el momento de corregir, actuar y recuperar la esperanza con hechos, porque el país —aseguraron— espera respuestas y requiere decisiones firmes para garantizar que nadie viva bajo la amenaza de la extorsión.
¿Qué es la extorsión?
La extorsión es un delito que consiste en obligar a alguien a hacer, dejar de hacer o dar algo mediante violencia o intimidación, con el objetivo de obtener un beneficio económico para el delincuente. Esta coacción se puede dar a través de amenazas físicas, psicológicas, o la explotación de la información personal y se manifiesta en modalidades como la extorsión telefónica o la extorsión en línea.
Cifras de la extorsión en México
Las cifras oficiales dimensionan la gravedad del problema. En lo que va del año, México registra 8 mil 585 víctimas de extorsión, un incremento del 5.2 por ciento. De ellas, 11.8 por ciento se concentran en 43 municipios fronterizos, donde el delito creció 15.2 por ciento respecto al año anterior. A esto se suma la enorme cifra negra producto de la falta de denuncias, derivada de la desconfianza y del temor a represalias, lo que sugiere que el fenómeno avanza sin freno y sin respuesta proporcional del Estado.
