Exhortan a que se cumpla con exámenes de control de confianza

Culiacán, Sin.- Por considerar que la Federación pudiera cancelar recursos para el estado por el no cumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los diputados de la Sexagésima Legislatura aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo propuesto por el diputado del PRI, Miguel Calderón Quevedo, exhortando a los titulares de la Secretaría General de Gobierno y al responsable de la Policía Estatal Preventiva, a someterse a los exámenes de control de confianza.?Es preocupante que aunque la propia Ley lo mandata como obligación, en nuestra entidad, es de dominio público la información de que ni el secretario general de Gobierno, ni el responsable de la Policía Estatal Preventiva se han sometido a los exámenes de control de confianza, aún habiéndoles fijado un plazo para hacerlo, y estando de por medio el riesgo de perder el recurso que se menciona en el articulo 144 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública?, mencionó el diputado.Cabe destacar que dicho punto de acuerdo fue propuesto como de urgente y obvia resolución, por lo que los aludidos tendrán que ser notificados a la brevedad y valorar su cumplimiento.Interpondrán diputados controversia constitucional contra GobernadorLos diputados de la Sexagésima Legislatura aprobaron iniciar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del decreto del gobernador Mario López Valdez, con el cual reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el estado.En entrevista, el diputado Luis Cárdenas Fonseca, del PRI, señaló que la facultad para realizar y aprobar las reformas es del Poder Legislativo y explicó el porqué de la propuesta de este punto de acuerdo.?Lo que tenemos en términos lisos y llanos es por un lado una exclusión de los Ayuntamientos en la ejecución y cumplimiento de esta Ley, y por otro lado, una limitación de facultades que la ley les concedía, indebidamente el titular del Poder Ejecutivo se excede y contraviene en la forma que lo hizo, a él no le corresponde emitir disposiciones que por un lado vayan más allá de la Ley y por otro lado la contravenga?, expresó.Cabe destacar que fue el pasado 2 de mayo cuando el decreto con las reformas fue publicado en el Periódico Oficial ?El Estado de Sinaloa?, y a partir de esa fecha se cuenta con un plazo de 30 días para interponer la controversia.En su artículo 4, prevé que es facultad exclusiva del Ejecutivo del Estado vigilar el cumplimiento y aplicación de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el estado y su reglamento; cuando el numeral 3 de la citada Ley, prevé que dicha facultad corresponde además a los Ayuntamientos.En el dispositivo legal 16 del decreto se reforma la fracción I y se adiciona una fracción VI, para señalar que la solicitud de revalidación de licencia de Alcoholes puede presentarse también ante la dirección, y que ésta expedirá una constancia de que en un año no se reprodujo, vendió o exhibió en el establecimiento material que enaltezca a los criminales; mientras que el artículo 27 de la ley en materia refiere que dicha revalidación debe solicitarse ante el Ayuntamiento.Regresan punto de acuerdo a PGRPor considerar insatisfactoria la respuesta de la PGR en torno al punto de acuerdo de la Sexagésima Legislatura en donde se les exhortaba a hacerse cargo de los casos en los que los delitos sean del fuero federal, emitido el pasado 15 de marzo, los miembros de la diputación permanente decidieron regresar el acuerdo a la dependencia federal.El diputado Luis Cárdenas Fonseca, del PRI, mencionó que con el documento enviado no se atiende ni se da respuesta al planteamiento de la legislatura local.?Debo decirles que en ningún momento nos acusó recibo la PGR del punto de acuerdo que se les envió; en pocas palabras no se atiende, no se da respuesta al planteamiento que hizo el Congreso a la Procuraduría General de la República. Considero entonces que procedamos de manera respetuosa y comedida ante la procuradora general de la república a insistirle sobre una respuesta objetiva, concreta y puntual del punto de acuerdo que autorizó esta soberanía?, mencionó.La propuesta fue aceptada y el punto de acuerdo será enviado nuevamente a la Procuraduría General de la República en espera de una respuesta satisfactoria.