Culiacán, Sin.- De acuerdo a la encuesta Percibe, realizada por el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), 4 de cada 10 sinaloenses aseguran conocer al menos un caso de desaparición forzada registrado en su entorno, informó Miguel Ángel Calderón Quevedo.
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En rueda de prensa, el coordinador general del CESP, detalló que de las mil 600 personas que se encuestaron en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, en septiembre del año pasado, al cuestionarle qué delito perciben más en sus alrededores, señalaron que, la desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, violencia familiar y narcomenudeo.
Además, al preguntarles si ha habido desapariciones cerca de su vivienda, el 44 por ciento de la población respondió que sí, el 30 por ciento dijo no estoy seguro/segura, y el 26 por ciento coincidió en que no.
“Cuatro delitos fueron los que más captaron la percepción de la gente entrevistada. Cuando preguntamos a vecinas y vecinos sobre la incidencia delictiva de entorno, percepción y realidad, van en cuatro delitos, esos cuatro delitos de desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, violencia familiar y narcomenudeo”, dijo.
Xiomara Ramírez
Calderón Quevedo señaló que también este estudio reflejó que de los ciudadanos que participaron, el 39 por ciento reconoce que sí se han dado casos de violencia familiar alrededor de su vivienda.
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Al cuestionarles si ha habido “levantones” en los alrededores de sus viviendas, el 40 por ciento indicó que sí, la mayoría de la ciudad de Los Mochis.
Calderón Quevedo explicó que, respecto a este delito, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del 2013 al 2022, en Sinaloa se tenían contabilizadas 4 mil 343 personas desaparecidas y no localizadas.
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Por último, destacó que como CESP hacen una recomendación a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, para que fortalezca con mayores recursos humanos, financieros y materiales a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada para mejorar la efectividad de las investigaciones.
A la Secretaría de las Mujeres, además de incrementar y elevar la infraestructura de atención a casos de violencia familiar, señaló que es necesario eficientar la parte preventiva en este delito, con programas de intervención específica en los sectores de mayor incidencia.
