Mazatlán, Sin.- La situación que vive actualmente México, y en especial Sinaloa, tras la entrega de dos exfuncionarios del gabinete de Rubén Rocha Moya a autoridades de Estados Unidos, es complicada, ya que existe una solicitud de extradición sustentada en los tratados internacionales suscritos por México.
Así lo consideró el obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, al referirse a la entrega de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, ante autoridades estadounidenses.
Es importante que el Gobierno Federal cumpla la ley
El líder religioso destacó que el Gobierno Federal debe cumplir con lo que establece la ley y con los tratados de extradición firmados por México. Señaló que pareciera intentarse restar importancia al tema; sin embargo, advirtió que al tratar de ganar tiempo solo se generan más dudas sobre el cumplimiento de la justicia.
“Dos personas ya están en Estados Unidos y eso representa un reto mayor para los responsables de la nación, porque teniéndolos aquí era una situación distinta, pero al comenzar a estar algunos allá, la realidad y la situación se vuelven más complejas”, expresó.
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Con la entrega de estos exfuncionarios, el obispo señaló que el Ejecutivo Federal debe asumir plenamente su papel como jefe del Estado mexicano y dejar de lado cualquier vínculo partidista.
Espinosa Contreras recalcó que, aunque se trata de una situación complicada, debe prevalecer el bienestar de la nación.
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Juicio contra exfuncionarios debe ser cuidadoso
Sobre el proceso legal que enfrentarán los exfuncionarios, el obispo manifestó que se debe esperar un juicio en el que prevalezca la verdad respecto a las acusaciones que enfrentan, principalmente en Estados Unidos.
Indicó que quienes administran justicia deben actuar con mucho cuidado para evitar equivocaciones.
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Asimismo, recordó que ya existían denuncias relacionadas con el proceso electoral de Sinaloa en 2021, por lo que consideró que las autoridades deben tomar precauciones para evitar que en el próximo proceso electoral de 2027 se repitan posibles irregularidades.
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