Culiacán, Sinaloa.- El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó este 18 de junio el informe anual “¿Cómo gastan los estados?”, en donde da cuenta de la forma en que las 32 entidades federativas ejercen los recursos públicos, dentro del cual se encuentra el informe pormenorizado acerca de la recaudación, en donde se advierte que Sinaloa se encuentra por arriba de la media nacional.
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Según el documento, en 2023 en Sinaloa se tenían proyectados recaudar 65.5 mil millones de pesos, sin embargo, se recaudaron 73.9 mil millones, y del total de este monto, el 88 por ciento corresponde a ingresos federales y el resto a propios del estado.
El IMCO realiza este monitoreo dado que el gobierno administra una proporción significativa del gasto público a nivel nacional, especialmente en áreas que inciden directamente en la calidad de vida de la población, siendo las más relevantes salud, educación y seguridad pública.
Por ello, el estudio advierte también la forma en que las entidades aplican estos recursos públicos. Es esencial monitorear de manera detallada y constante el uso que hacen de los recursos públicos.
Como contexto, durante el 2023 Sinaloa incrementó en 968 millones de pesos sus ingresos propios, de acuerdo a datos de la Secretaría de Administración y Finanzas, cuyo aumento significó un alza del 15.6 por ciento.
Además, el IMCO revela la existencia de variaciones sistemáticas, generalizadas y, en ocasiones, significativas entre los ingresos estimados y recaudados, así como entre el gasto aprobado y ejercido para múltiples rubros de ingreso y partidas de gasto estatales, y en el caso de Sinaloa, el monto mayor ejercido fue para desarrollo social, con un 48.6 por ciento del total recaudado.
El informe del IMCO señala además que Sinaloa no contrajo deuda durante el 2023, información que cobra relevancia debido a que un factor que explica por qué los ingresos de los estados al cierre de 2023 fueron mayores que los estimados inicialmente, son los ingresos derivados de financiamientos, es decir, a través de la contratación de deuda pública.
