Culiacán, Sinaloa. – En Sesión maratónica de este miércoles y con toda la bancada del Partido Sinaloense (PAS) en contra fue aprobado por unanimidad, con 33 votos a favor, 5 en contra y dos diputados que no votaron, en el pleno, los diputados de la 64 Legislatura, aprobaron expedir la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, la cual es una homologación con la Ley Federal.
La lectura del dictamen inició alrededor de las 12:30 horas de este día, la cual tuvo una duración de cerca de cuatro horas y pese a que la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAS, Alba Virgen Montes se opuso a dispensar la segunda lectura, la discusión del dictamen inició aproximadamente a las 4:30 horas.
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El primero en subir a tribuna fue el diputado presidente de la Comisión de Educación Pública y Cultura, José Manuel Luque Rojas quien defendió que no fue un dictamen a vapor, sino que fue un dictamen que fue producto de un largo proceso de análisis de discusión.
“No tiene destinatarios específicos, los únicos destinatarios son mejorar los procesos académicos, de investigación, de vinculación, los procesos administrativos y de contratación personal en las universidades, garantizarles el autogobierno y hacer que cumplan con estos grandes objetivos”, dijo.
Por su parte, el también integrante de la Comisión antes mencionada y diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Mario Arredondo Salas indicó que nunca se debe de perder el propósito central del esfuerzo que convocó que es entregarle a Sinaloa, a los hijos de las familias sinaloenses instituciones más robustas.
“No puede tener ninguna etiqueta, ni puede llevar ninguna consigna, el ejercicio que se hizo en la Comisión de Educación, en el trabajo de las Comisiones Unidas imperó ese espíritu y ese es el que debemos de mantener en lo que resta de este proceso Legislativo, Sinaloa espera mucho de esta 64 Legislatura. Las instituciones educativas, todas, lo que exige, lo que reclaman, lo que merecen y lo que es convicción y debe ser convicción nuestra es dirigirla con respeto”, expuso.
Quien desde el inicio de la discusión del dictamen se manifestó en contra y en su posicionamiento no fue la excepción, la diputada y coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (PAS), Alba Virgen Montes Álvarez manifestó que estaban en contra principalmente por falta de tiempo de discusión del dictamen y porque no fueron tomados en cuenta sus propuestas.
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“Lo cual se resume en una premura no entendida por aprobar el dictamen, para lo cual de manera puntual mencionamos que el plazo para analizar, discutir y resolver el dictamen en las comisiones Unidas fue insuficiente y violatoria de los principios democráticas que deben de regir en toda discusión de dictámenes”, señaló.
En respuesta, la diputada local por Morena, Juan Minerva Vázquez González aseguró que sí fueron tomadas en cuenta las propuestas del PAS, mismas que apuntó que fueron votadas en contra.
Una vez que fue aprobada el dictamen, el Grupo Parlamentario del PAS presentó 11 reservas las cuales tienen que ver con el artículo tercero de la propia Ley, por considerar que invade esferas de competencia y a la vez omite la colaboración y participación de las propias instituciones a las que la Ley les otorga autonomía, eliminar el quinto párrafo del artículo tercero, el cual modifica la normativa por la que se rige las relaciones entre los trabajadores universitarios y las instituciones a las que la Ley les otorga autonomía, por mencionar algunas.
Cabe mencionar que la aplicación de la Ley de Educación Superior corresponderá a las autoridades educativas del Estado y de sus municipios, así como a las autoridades de las instituciones de educación superior, en los términos y ámbitos de competencia que la ley establece.
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La Ley tiene por objeto:
I. Establecer las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior;
II. Contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país y del Estado, a través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora, con un alto compromiso social, que pongan sus conocimientos y habilidades al servicio de la Nación, del Estado y de la sociedad en general;
III. Distribuir la función social educativa del tipo de educación superior en el Estado y sus municipios;
IV. Establecer la coordinación, promoción, vinculación, participación social, evaluación y mejora continua de la educación superior en el Estado;
V. Orientar los criterios para el desarrollo de las políticas públicas en materia de educación superior con visión de Estado;
VI. Establecer criterios para el financiamiento correspondiente al servicio público de educación superior; y
VII. Regular la participación de los sectores público, social y privado en la educación superior.
También se establecen medidas que deben implementar las instituciones de educación superior en materia de igualdad de género y prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
De igual manera, se incorpora la obligatoriedad para la autoridad educativa estatal y las instituciones de educación superior de asegurar el acceso a la educación de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, así como su permanencia, respetando y preservando su cosmovisión, sus identidades, sus costumbres, sus conocimientos ancestrales y su patrimonio histórico y cultural.
Asimismo, se plantea la creación de un Sistema Estatal de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, el cual contribuirá en la mejora continua de la educación superior, derivado de la sistematización, análisis y seguimiento de los procesos de evaluación y acreditación de las Instituciones de Educación Superior.
Aunado a lo anterior, se propone que las instituciones de educación superior, en conjunto con las autoridades educativas estatal y municipales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, se coordinará con la autoridad educativa federal en todo lo relacionado con el Sistema Educativo Nacional.
