Culiacán, Sin. – El Juez de Control Adán Alberto Gastélum, dio un receso de 144 horas para resolver la situación jurídica del ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y su Comité de Adquisiciones, por su probable participación en el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, en relación a la adquisición ilegal de 40 camiones recolectores de basura por 117 millones de pesos.
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En la audiencia inicial que se celebró este miércoles en la Sede Regional de Justicia y Acusatoria Oral Centro, la cual duró más de 9 horas, en la formulación de imputación, el Ministerio Público dio a conocer que el pasado el pasado mes de abril, el ciudadano José Eduardo Ayón Barrera acudió a interponer una denuncia en contra de Estrada Ferreiro y sus funcionarios, por hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito, peculado, y ejercicio indebido de la función pública, presuntamente en los procedimientos de licitación.
A raíz de esta denuncia la Fiscalía inició una investigación exhaustiva y encontró irregularidades en la adquisición de 40 camiones recolectores de basura, ya que se celebró un contrato por adjudicación directa por el monto de 117 millones de pesos.
En su argumento, detalló que dicho contrato se firmó el 12 de octubre del año 2020, con la empresa “Ketzer S.A. de C.V.” por un periodo de 30 meses y con un arrendamiento de 3 millones 920 mil pesos por cada camión de manera mensual, sin embargo, esta compañía cedió las ganancias a la empresa denominada “Grin Leasing Sapiens S.A. de C.V.”, misma que para poder brindar el servicio rentó las 40 unidades a “Casanova Vallejo S.A. de C.V.”, quien por su parte se los compró a “Remolques y Plataformas de Toluca S.A. de C.V.”
Con esto la FGE señaló que se cometieron un sin fin de irregularidades, pues aquel 12 de octubre cuando el Ayuntamiento hizo el convenio con “Ketzer S.A. de C.V.” no contaba con el equipo, lo que incumple con la Ley de Licitaciones.
A su vez, detalló que si la comuna hubiera celebrado el contrato con “Casanova Vellejo S.A. de C.V. de manera directa, es decir, con la empresa propietaria, se hubiera ahorrado 41 millones 440 mil 320 pesos, dinero que le pertenece al pueblo.
Personal de la FGE argumentó que se le acusa al ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro porque aquel pasado 8 de junio del 2020 suscribió un oficio a la tesorera Issel Guillermina Soto Gastélum, para que convocara a sesión del Comité de Adquisiciones para tratar este asunto.
En ese sentido, este órgano autónomo apuntó que Soto Gastélum invitó a seis empresas a que presentaran su propuesta al Ayuntamiento, las cuales supuestamente contaban con diversas anomalías. Aun así, las sometió a consideración del Comité de Adquisiciones el día 17 de julio del 2020, y eligieron a la empresa “Ketzer S.A. de C.V.”
Los funcionaron que la aprobaron fueron el ex secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yarahuan, el ex Oficial Mayor Alejandro Amezquita Villaseñor, Raúl Alcantar Kondo, ex director de Egresos y Presupuesto, y las ex regidoras María Antonia Sarabia Ibarra, y Angelina Gutiérrez González, presidenta y secretaria de la Comisión de Hacienda Pública.
Al hacer uso de la voz Estrada Ferreiro, afirmó que no conocía a la persona que interpuso esta denuncia, además reprochó a la FGE que no hay prontitud, expedites e imparcialidad en este proceso. Y manifestó que es víctima de tortura y violencia moral.
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Luego de escuchar los datos de prueba, a petición de las defensas de los imputados, el Juez dio un plazo de 144 horas para resolver la situación jurídica de Jesús Estrada Ferreiro y su Comité de Adquisiciones, es decir, si se les vincula a proceso y se inicia una investigación por su participación en el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.
Para culminar la audiencia, la FGE solicitó como medidas cautelares que los señalados en este caso acudieran a firmar mensualmente ante el Poder Judicial y que se les prohibiera salir del país sin permiso, esto con la finalidad de que huyeran de la justicia, sin embargo, el Juez Adán Alberto no las aprobó por falta de justificación.
La Fiscalía General del Estado (FGE), adelantó que no solicitaría Prisión Preventiva Oficiosa, porque el Desempeño Irregular de la Función Pública no está dentro del catálogo de delitos mayores.
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Se programó la continuación de audiencia inicial para el próximo lunes a las 08:30 horas en esta misma sede.
