Culiacán, Sinaloa. Los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron este martes 5 de mayo de 2026 por unanimidad el proyecto de dictamen que autoriza al Ayuntamiento de Elota la contratación de financiamiento por hasta 15 millones de pesos.
En el análisis del dictamen, las y los legisladores destacaron que el municipio cuenta con capacidad financiera suficiente para asumir el crédito, de acuerdo con evaluaciones técnicas y criterios establecidos por la normatividad en materia de disciplina financiera.
Asimismo, se subrayó que el nivel de endeudamiento es sostenible y que el financiamiento no compromete la estabilidad de las finanzas municipales.
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También se resaltó que la solicitud cumple con los requisitos legales, respeta la autonomía hacendaria del municipio y contempla mecanismos de control, transparencia y seguimiento para garantizar el uso adecuado de los recursos.
El presidente de la Comisión, el diputado Ambrocio Chávez Chávez, detalló que el financiamiento aprobado estará destinado a inversión pública productiva, específicamente para la adquisición de maquinaria y equipo como camiones recolectores de basura, una motoconformadora y una retroexcavadora, lo que permitirá optimizar servicios básicos y reducir gastos operativos como la renta de equipo.
Cabe mencionar que el dictamen fue aprobado por unanimidad de las y los integrantes de la Comisión, por lo que fue turnado al Pleno del Congreso para su análisis y, en su caso, aprobación definitiva.
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¿El Congreso de Sinaloa puede autorizar créditos a municipios?
El Congreso de Sinaloa sí tiene la facultad de autorizar créditos a los municipios y al Gobierno del Estado, aunque no es quien los solicita. Son los ayuntamientos o el Ejecutivo estatal quienes presentan la solicitud de endeudamiento, la cual debe ser analizada y aprobada por los diputados para que pueda llevarse a cabo legalmente.
Esta autorización se realiza bajo criterios legales y financieros para asegurar que el crédito sea viable y no comprometa las finanzas públicas. En muchos casos, estos recursos se destinan a obras públicas o proyectos de infraestructura, por lo que el Congreso actúa como un órgano de control que tiene la última palabra sobre la contratación de deuda.
