Culiacán, Sin.- El exsecretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, ya terminó de pagar los 7 millones de pesos que le solicitó la Fiscalía del Combate Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado al acogerse a la suspensión condicional del proceso como reparación del daño y este jueves cerró su capítulo con la justicia.
Reapareció para acudir a su audiencia final este jueves a las 12:00 horas de extinción por cumplimiento de condiciones en la suspensión condicional del proceso en el Centro Regional de Justicia Penal, Acusatoria y Oral en Culiacán.
El exsecretario de Salud ya estaba vinculado a proceso por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública por el desvío de más 14 millones de pesos, pero pagó 7 millones en “abonos”, la mitad de lo que presuntamente fue desviado, y evitó ir a la cárcel de haber sido encontrado culpable.
El juez de Control dictó auto de sobreseimiento en virtud del cumplimiento de las condiciones acordadas por la suspensión condicional del proceso.
Entrevistado al salir de la audiencia, el exfuncionario evadió cuestionamientos.
“Se dio cumplimiento en tiempo y forma a lo que ordenó el juez y una disculpa no poder hablar más porque acuérdense que todavía hay otra persona en este tema”.
-¿Por qué aceptó la suspensión y pagar para librarla?
“Es una ventaja que se tiene en este proceso y se cumplió con lo que el juez dictó”.
¿Es aceptar su culpa al aceptar pagar los 7 millones? se le cuestionó, pero respondió con un “muchas gracias” y se retiró en su vehículo acompañado de sus hijos.
Echeverría resolvió el conflicto penal al pagar 7 millones de pesos en dos abonos de 2 millones 500 mil pesos, y un último pago de 2 millones realizado el 29 de enero de 2019.
El dinero fue depositado directamente a una cuenta bancaria de la Secretaría de Salud.
Se le acusaba de haber perjudicado al patrimonio estatal por 14 millones 775 mil 554 pesos al haber autorizado un contrato por esa misma cantidad con la empresa Hikajuba SA de CV, para la prestación de servicios de imagenología, es decir, Rayos X, ultrasonido y tomografía, en hospitales públicos del estado, pero por adjudicación directa y no mediante una licitación pública.
Por estos mismos delitos fueron acusados el exdirector médico Jaime Otáñez García, a quien le retiraron los cargos, y la exdirectora administrativa, María Alejandra Gil Álvarez, quien sigue en proceso penal, pero está amparada.
Echeverría tiene pendiente un desaseo de recursos por 300 millones según auditorías de la Secretaría de Trasparencia de la actual administración, lo que podría derivar en nuevas denuncias penales y nueva orden de aprehensión en su contra para volver a ser llevado ante la justicia.
JF
