Guamúchil, Sinaloa. A pesar del atentado que mantiene en estado delicado al diputado Sergio Torres Félix y dejó con severas lesiones a la legisladora Elizabeth Montoya Ojeda, el Congreso del Estado no ha implementado medidas especiales de seguridad para sus integrantes, confirmó el diputado local Ambrocio Chávez Chávez.
El legislador explicó que, tras lo ocurrido con sus compañeros de Movimiento Ciudadano, la postura institucional ha sido mantener comunicación directa con la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar seguimiento puntual a las investigaciones, pero sin modificar el esquema de protección personal de los diputados.
“No hay ahorita medida de protección de cada persona, ni carros blindados, ni guardaespaldas; cada quien toma sus precauciones y el Congreso mantiene su seguridad normal como cualquier institución pública”.
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Ambrocio Chávez detalló que este jueves se realizó una nueva reunión entre diputados integrantes de la Jucopo y la fiscal del estado, como parte del acompañamiento político e institucional para conocer los avances del caso y exigir que se llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación.
Indicó que el Congreso ha estado atento tanto a la evolución médica de Sergio Torres, quien permanece en coma, como al proceso de recuperación de Elizabeth Montoya, quien aún requerirá cirugías reconstructivas antes de reincorporarse a sus actividades legislativas.
Señaló que, aunque se reforzaron las recomendaciones internas de prevención y protocolos básicos de seguridad, no se ha considerado que exista un riesgo directo hacia el Poder Legislativo como institución, sino que el ataque fue dirigido a personas en particular.
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El diputado puntualizó que la seguridad del recinto legislativo se mantiene bajo el esquema habitual, con el departamento interno de resguardo y la coordinación con fuerzas estatales y federales, tal como ocurre con cualquier dependencia pública.
¿Qué mecanismos legales puede activar el Congreso cuando un diputado es víctima de un atentado?
El Congreso puede solicitar formalmente informes a la Fiscalía, promover exhortos institucionales, integrar comisiones de seguimiento, activar protocolos de coordinación con autoridades de seguridad y, en casos extremos, revisar marcos normativos relacionados con la protección a servidores públicos, sin interferir en el curso legal de las investigaciones.
