Culiacán, Sinaloa.- El delegado de la Federación Nacional de Colegios de Mediadores A. C. en el Estado de Sinaloa, Gabriel Peña González, solicitó a los diputados locales que actúen con transparencia en el proceso de designación del titular de la CEDH y se lleve a cabo conforme al marco jurídico al que se encuentra obligado acatar el poder legislativo.
Por ello, de acuerdo con las disposiciones legales lo que se debe de requerir es que la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado señale lo siguiente:
PRIMERO. – Que haga público a la sociedad en general el dictamen que, en su caso, a la fecha, haya emitido, con motivo de la presentación del informe general de actividades que haya presentado el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) José Carlos Álvarez Ortega, en los 90 días que marca la ley de la materia.
SEGUNDO. – Si dicho dictamen, a la fecha, ya lo remitió a la Junta de Coordinación Política del poder Legislativo, en su caso precisar en qué día y hora lo recibió
TERCERO. – Que enuncie el acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre tal dictamen, específicamente que diga la fecha de la Sesión en que el pleno del Congreso del Estado resolverá lo conducente respecto de la aprobación o no de la ratificación del maestro José Carlos Álvarez Ortega.
“Conforme a estas consideraciones, obviamente que estamos solicitando se lleve a cabo el ejercicio de la transparencia en la que debe actuar todo ente público a fin de que sus actuaciones sean del conocimiento del dominio público y no se preste a interpretaciones erróneas y fuera de toda lógica jurídica”, externó.
El abogado Gabriel Peña dijo que ante las diversas voces expresadas por defensores y activistas de derechos humanos a través de las cuales se han pronunciado en contra y a favor de que se ratifique al maestro José Carlos Álvarez Ortega para un segundo período como presidente de la CEDH, estimó necesario precisar que es un legítimo derecho que tiene aspirar a que se le revalide en tal cargo para un nuevo periodo,lo que no constituye una obligación legal para que ello suceda.
