Culiacán, Sin. Los integrantes del grupo parlamentario del PRI en la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa presentaron una iniciativa para establecer como obligación que los inmuebles destinados a la prestación de servicios educativos cuenten con seguros que garanticen la recuperación inmediata del servicio educativo ante afectaciones ocasionadas por vientos, lluvias intensas, inundaciones u otros riesgos derivados de fenómenos naturales.
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La propuesta que reforma el artículo 136 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa es impulsada por el diputado Bernardino Antelo Esper y las diputadas Paola Gárate Valenzuela e Irma Moreno Ovalle, con el compromiso de fortalecer la infraestructura educativa y garantizar la continuidad del servicio ante contingencias naturales.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Sinaloa existen más de 6 mil 900 planteles educativos distribuidos en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, los cuales requieren atención prioritaria para evitar que eventos climáticos interrumpan el derecho a la educación de niños y jóvenes.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Bernardino Antelo Esper, subrayó que Sinaloa es un estado especialmente vulnerable a tormentas tropicales y huracanes, cuyas consecuencias suelen impactar directamente en los planteles educativos con filtraciones, colapsos de techos, daños en estructuras, materiales y equipos, así como afectaciones en servicios básicos, situaciones que cada año comprometen la operación de miles de escuelas.
“El contexto climático de Sinaloa exige soluciones preventivas y sostenibles, las escuelas no solo son centros educativos, sino el segundo hogar de miles de estudiantes. Es fundamental contar con herramientas que permitan su pronta recuperación ante cualquier siniestro”, señaló Antelo Esper.
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Por su parte, Garate Valenzuela explicó que el mercado asegurador mexicano ya cuenta con productos adecuados que ofrecen coberturas integrales para proteger tanto los inmuebles como a los estudiantes, trabajadores y bienes.
Moreno Ovalles agregó que esta iniciativa también contribuye a fomentar una cultura de previsión financiera y protección civil en el sector público, promoviendo condiciones de seguridad, bienestar y certidumbre para toda la comunidad escolar.
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