Culiacán, Sinaloa.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y promover el desarrollo sustentable en Sinaloa, el diputado local Kristiam Alexis Espinoza García, integrante del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, presentó dos iniciativas legislativas.
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Debido a que el crecimiento de las motocicletas no ha ido acompañado de políticas públicas integrales que garanticen su operación segura, en una de las iniciativas propone una nueva regulación para el uso de motocicletas a través de la creación de un capítulo específico denominado: De las motocicletas, en la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Estado de Sinaloa, con el fin de establecer un marco regulatorio específico para la circulación de estos vehículos.
Dicho capítulo incluiría las obligaciones para conductores que son el registro del vehículo, obtención de placas, capacitación oficial y acreditación de conocimientos de cultura vial; la prohibición del uso de motocicletas para menores de edad, salvo en casos específicos como actividades deportivas oficiales o vehículos recreativos fuera de vías urbanas.
La clasificación técnica, que deberá ser por tipo de energía, ya sea combustión interna, híbridas, eléctricas, y uso; las medidas de seguridad, como el uso obligatorio de casco certificado, luces encendidas permanentemente, respeto a señalamientos de Tránsito, así como el control comercial, donde se establecerían las obligaciones de distribuidores de reportar ventas y verificar cumplimiento fiscal de compradores.
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La otra iniciativa propone concretar un marco legal para las energías renovables en el estado, por lo que busca adicionar el título quinto bis a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, para establecer una normativa integral para el desarrollo de energías limpias y eficiencia energética.
En esta propuesta se explicó que los elementos centrales son que el nuevo marco legal incluya las definiciones técnicas de energías renovables, eficiencias energéticas y tecnologías limpias; las facultades de los gobiernos para fomentar proyectos renovables, otorgar incentivos y realizar diagnósticos en las regiones.
Además, las políticas públicas obligatorias para mejorar el rendimiento energético mediante normas técnicas y auditorías, así como la integración de estas políticas en los planes de desarrollo y ordenamiento ecológico, la coordinación interinstitucional para el desarrollo tecnológico y financiamiento de proyectos sostenibles.
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