Culiacán, Sin.- Al hacer entrega a la Comisión de Fiscalización el Informe de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017, es decir, del primer año de la administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel, de los Ayuntamientos y de los organismos autónomos, la Auditoría Superior del Estado (ASE) reveló que hay un posible daño al erario por alrededor de 500 millones de pesos.
La auditora Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, arribó a las instalaciones del Congreso acompañada de su personal que trasladó seis pesados cartones que contienen los documentos que respaldan las auditorías practicadas a todos los entes públicos, con un total de 700 pliegos de observación que pueden derivar en sanciones de no ser solventadas.
“Un concentrado, un resumen de los resultados que se obtuvieron de esas auditorías, un número aproximado de seis mil resultados, con observación tenemos tres mil resultados, de los cuales aproximadamente 700 son pliegos de observación con un importe posiblemente de casi 500 millones de pesos”, dijo.
Aclaró que no podía adelantar si las cuentas públicas van aprobadas o rechazadas hasta que la Comisión de Fiscalización del Congreso valide la entrega de la información y de inmediato se publicará en la página oficial de la ASE.
Precisó que fueron 47 informes individuales y a nivel estado se auditó el Isife, Servicios de Salud, Servicios Descentralizados de Educación, Cobaes, Isic, Instituto del Deporte, Centro de Ciencias, Hospital Civil, Obras Públicas, Secretaría de Turismo, Secretaría de Administración y Finanzas y Secretaría de Seguridad Pública.
Mientras que el presidente de la Comisión de Fiscalización de la 63 Legislatura, Marco Antonio Zazueta Zazueta, afirmó que no habrá ninguna negociación en el informe de las cuentas públicas y promoverán que se sancione a todo servidor público que haya cometido irregularidades en el uso del erario o de programas institucionales.
Manifestó que verificarán a detalle los pliegos de observación que les entregó la titular de la ASE para que los hallazgos de posibles irregularidades estén soportados y que todos los casos que se lleven a los tribunales no queden en la impunidad.
“Vamos a estar muy al pendiente de que todas las observaciones estén argumentadas para que después ningún tribunal nos venga a decir que no procede por ser hecho de narrativa y no estar sustentada como debe de ser”, advirtió.
Enfatizó que no importa el color al que pertenezcan los funcionarios que hayan cometido una falta, tendrán que asumir la responsabilidad de sus fallas y en el proceso legislativo quedan fuera venganzas partidistas, pues se trata únicamente de aplicar la ley.
