Los Mochis, Sin. – Los juicios en contra del exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres “El Químico” y el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, mandan un mensaje a la población y específicamente dirigidos a los presidentes municipales, de que se actúa conforme a lo establecido por la Ley, así lo señaló Sergio Avendaño Coronel.
Debes leer: Revés para Estrada Ferreiro: Le niegan amparo al exalcalde de Culiacán ¿Podría ser enjuiciado?
El presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, manifestó que derivado de las denuncias ciudadanas, la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE) inició los procedimientos de investigación en contra de las administraciones que dirigían Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres.
Asimismo, Sergio Avendaño manifestó que, al encontrarse presuntas irregularidades administrativas, se activan una serie de procedimientos para dar inicio a la investigación, lo primero es contar con la denuncia ciudadana y las instituciones públicas deberán tener las estructuras suficientes para agotar los procesos de Ley.
“En esos casos en particular a habido resultados derivado de denuncias que motivaron que la Auditoría Superior del Estado a partir de esas denuncias practicara revisiones específicas a esas cuentas que se señalaron en las denuncias, que se corrieron procesos, los que están establecidos en la Ley”, señaló.
Los casos antes investigados por presuntas irregularidades administrativas en contra de los exalcaldes, hay varios procesos judiciales penales en su contra, es ahí donde se podrá determinar si cumple con los elementos suficientes, arrojados en la auditoría para aplicar sanciones en contra de los presuntos exalcaldes.
Las noticias de Los Mochis están en la sección especial de Línea Directa
Y, añadió que la sociedad exige a las autoridades competentes seguir los procesos de investigación en contra de exfuncionarios y funcionarios, quienes hacen mal uso de los recursos públicos hasta cerrar el proceso con un castigo.