Mazatlán, Sinaloa.- Hace unos días, padres de familia de estudiante de la carrera de medicina general en la Universidad Autónoma de Durango, en Mazatlán, recibieron un oficio donde les exigen cubrir una cuota de 150 mil pesos para que sus hijos puedan realizar el servicio social y el internado, concepto que no viene incluido en el contrato de 10 semestres.
José Raúl Díaz Valles, abogado defensor, explicó que en este oficio emitido por la institución les dan un plazo máximo de 15 días para cubrir el monto o total, o de lo contrario quedarían fuera de la universidad y los jóvenes formarían parte de las filas de personas con carreras truncas; están por terminar su licenciatura y se encuentran efectuando su internado y servicio.
“Estos cobros en ningún momento fueron contemplados en ningún contrato de servicios educativos, los padres de familia y los mismos alumnos se consternaron”.
“…Porque el cobro que pretende esta universidad es de 150 mil pesos. Es cuando hacen contacto con nuestra organización, hicimos un análisis del caso y presentamos mediante una solicitud al rector de esta universidad, el doctor Martín Gerardo Soriano Sariñana, una audiencia. En un doble idioma nos hizo entender que era necesario ese cobro”, señaló.
El también Comisionado de Derechos Sociales del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, detalló que tras una falta de respuesta de la UAD, llamaron a un juicio de amparo; la Suprema Corte del a Justicia de la Nación dijo que las universidades no son autoridad para ser llamadas para juicio de amparo.
“Hablo de universidades privadas, sin importar que el quejoso aclame que son violados sus derechos, para nosotros y bajo mi estricta responsabilidad es una barbaridad la que están emitiendo”.
Denunció que tanto dependencias como la SEPyC, SEP e incluso Profeco, hicieron caso omiso a los llamados, siendo esta última la menos accesible, pues se encontraron con una institución hueca que no defiende al consumidor.
“El problema es que es llamar a la universidad a Profeco y que presente ahí el contrato de servicios educativos, pero nos encontramos con un elefante hueco totalmente”.
Especificó que una de las respuestas que emitió la UAD sobre la situación, definía el cobro como una cuota necesaria para que los estudiantes pudieran hacer prácticas en el IMSS, pero ninguno de los perjudicados las realiza en dicha institución si no en Centros de Salud, Hospitales Generales y servicios médicos privados.
Declaró que en el momento en que se abrió la carrera, para validarla ante la SEP era necesario que la escuela contara con laboratorios y una clínica para que los jóvenes pudieran realizar sus servicios y hasta el momento no se ha realizado ningún espacio para que los jóvenes desarrollen sus habilidades.
Exhortó a las autoridades educativas, las cuales han brillado por su ausencia, a comenzar a actuar, pues todas las instituciones educativas requieren ser evaluadas y atendidas, hasta las privadas. Los padres de familia ante la situación abordaran al Secretario de Educación Federal, Esteban Moctezuma.
