Culiacán, Sin. De no resolverse el proceso en el que está señalado el vicefiscal General de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, lo que procede es la renuncia como funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE), declaró la titular de la dependencia, Claudia Zulema Sánchez Kondo.
Entrevistada en el marco de la toma de protesta del nuevo comandante de la Novena Zona Militar este miércoles 20 de mayo de 2026, la fiscal explicó que actualmente el funcionario cuenta con una licencia de hasta seis meses sin goce de sueldo, la cual él mismo solicitó para atender las acusaciones en su contra.
Sin embargo, Sánchez Kondo precisó que, si culmina el plazo y no se resuelve su situación, lo que procede es la renuncia.
“Él tiene una licencia que él mismo solicitó, es una licencia que por ley está hasta por seis meses sin goce de sueldo, una vez cumplido ese término en caso de necesidad de resolverse el proceso, lo que deriva es la renuncia”.
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En ese sentido, Sánchez Kondo declaró que la postura de la Fiscalía General del Estado ante las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es el respeto al debido proceso.
Asimismo, la funcionaria estatal afirmó que no tenía conocimiento de algún indicio que lo relacione con los delitos que se le acusan.
Puntualizó que no mantiene comunicación con Dámaso Castro Saavedra, pero tiene conocimiento de que permanece en Culiacán.
Dámaso Castro Saavedra presenta licencia para separarse del cargo
El pasado 5 de mayo Dámaso Castro Saavedra presentó la solicitud de licencia al cargo de vicefiscal General del Estado tras las acusaciones surgidas por parte de Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre estos él.
La intención es atender cualquier requerimiento de la autoridad investigadora, a fin de esclarecer los señalamientos, siempre que estos se apeguen a los marcos legales.
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¿De qué delitos acusa Estados Unidos a Dámaso Castro?
Estados Unidos acusa al vicefiscal General de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, y a otros funcionarios y exfuncionarios del estado, de delitos como conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
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