Cumplimenta PME y PGJE 13 órdenes de aprehensión

Culiacán,
Sin.- Por
contar con trece  órdenes de aprehensión
libradas por los juzgados de los distritos de Guasave, Mazatlán, Navolato y
Culiacán, agentes de la Policía Ministerial del Estado y elementos
investigadores de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) detuvieron a
once personas, quienes son acusadas de diferentes hechos ilícitos.
Por el delito de Robo de
Vehículos fueron detenidos Samuel Burgos Espinoza, José Ángel Angulo García y
Simón Eduardo González  Ordaz, quienes
eran requeridos por los jueces Segundo Séptimo Noveno del Distrito Judicial de
Culiacán.
Acusados de los delitos de
Incumplimiento de las Obligaciones y Asistencia Familiar fueron detenidos Jesús
Zacarías Vidaña Aispuro, Julio César Angulo Ochoa y Óscar Enrique Ureña Razo,
este último por contar con dos órdenes de aprehensión giradas por el Juez
Quinto del Distrito Judicial de Culiacán y las otras dos personas eren
requeridas por los jueces Primero y Cuarto del mismo Distrito Judicial.
Armando Mendoza Ortiz, fue
detenido por elementos de la UNESA por el delito de Robo Agravado, orden girada
por el Juez Sexto del Distrito Judicial de Culiacán.
Por el delito de Violencia
Familiar, órdenes giradas por los jueces de Primero del Distrito Judicial de
Guasave y Mixto de Navolato, fueron detenidos Waldo Michel Flores Pérez y
Edmundo López Vázquez, respectivamente. 
De igual forma por el mismo
delito de Violencia Familiar fueron detenidos Heriberto Peñuelas Armenta, quien
contaba con dos órdenes de aprehensión giradas por el Juez Cuarto del Distrito
Judicial de Culiacán y José Humberto Vázquez Ontiveros, por contar con un
mandamiento judicial del Juez Mixto de Elota.
Los detenidos fueron
internados en los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del
Delito de Guasave, Mazatlán y Culiacán, además fueron puestos a disposición de
los jueces que los reclaman, quienes dentro del término legal resolverán su
situación jurídica.
La PGJE refrenda su
compromiso para hacer cumplir la Ley, 
con estricto respeto a los derechos humanos, para llevar ante los Jueces
penales a todas aquellas personas que por algún delito sean reclamados por las
autoridades judiciales, en especial aquellas acusadas de conductas ilícitas que
afecten a las familias.ARG