Culiacán, Sin. – Durante la sesión ordinaria de este martes 27 de mayo de 2026, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la ratificación del nombramiento de Minerva Alicia Anaya Castro como titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El diputado presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Rodolfo Valenzuela Sánchez, dio el veredicto de lo acordado, documento que fue aprobado por mayoría, con 33 votos a favor y 3 en contra.
“Se ratifica el nombramiento realizado por la fiscal General del Estado a favor de la licenciada Minerva Alicia Anaya Castro como fiscal Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Expídase el acuerdo correspondiente y remítase a la Fiscalía General del Estado para su conocimiento y efectos que haya lugar”.
Votos a favor y en contra de la ratificación de Minerva Anaya | Foto: Cortesía
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Jucopo presenta propuesta que ratifica nombramiento de Minerva Anaya
La propuesta fue presentada por la Junta de Coordinación Política a través de un acuerdo firmado por todas las fuerzas políticas, a excepción de los integrantes del grupo parlamentario del PRI.
Lo anterior, luego de que la fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, notificó oficialmente el nombramiento realizado el pasado 12 de mayo de 2026.
Minerva Anaya cumple con los requisitos establecidos en la Constitución
Durante el análisis del expediente, el Poder Legislativo verificó que la funcionaria cumple con los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para ocupar el cargo, entre estos, ser ciudadana mexicana por nacimiento, contar con más de 30 años de edad, tener título y cédula profesional en Derecho con antigüedad mínima de cinco años, así como experiencia en procuración de justicia.
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El documento señaló además que Minerva Alicia Anaya Castro ha desempeñado diversos cargos dentro de la estructura de la FGE, lo que permitió acreditar su trayectoria profesional y experiencia en materia penal y de procuración de justicia.
La Junta de Coordinación Política destacó que la facultad del Congreso consiste en objetar el nombramiento únicamente cuando existan elementos que acrediten el incumplimiento de los requisitos legales, situación que no ocurrió en este caso.
