Culiacán, Sinaloa. El Congreso de Sinaloa esperará la definición de la reforma constitucional a nivel federal para avanzar en el análisis del posible aplazamiento de la elección judicial local del 2027 al 2028, informó la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María Teresa Guerra Ochoa.
La legisladora explicó que actualmente se dio lectura a tres iniciativas de reforma judicial para cumplir con los tiempos legales que establecen que cualquier modificación en materia electoral debe realizarse 90 días antes del inicio del proceso electoral; sin embargo, aclaró que el dictamen final dependerá de lo que se determine en el Congreso de la Unión.
“Vamos a esperar, porque es muy probable que el Congreso de la Unión convoque a periodo extraordinario y se acuerde diferir la fecha de elección del 2027 al 2028. En lo individual lo vemos con simpatía”, expresó.

Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa | Foto: Beatriz Piña
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Elección judicial 2025 mostró retos para jueces y magistrados
Guerra Ochoa señaló que la experiencia del proceso judicial realizado en 2025 evidenció la complejidad de este tipo de elecciones, debido a que se trata de un ejercicio nuevo para la ciudadanía, que aún no se familiariza completamente con cargos como jueces, magistrados o integrantes de tribunales de disciplina.
Indicó que empalmar la elección judicial con los comicios ordinarios de gubernaturas, alcaldías y diputaciones podría complicar aún más el proceso, por lo que consideran viable el cambio de fecha.
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Constitución de Sinaloa establece que elección judicial sea en 2027
Asimismo, explicó que en la Constitución de Sinaloa actualmente está establecido que la elección judicial será en 2027, por lo que será necesario impulsar una reforma constitucional local de manera paralela a la federal para modificar el año.
Precisó que, de concretarse este cambio antes de finalizar mayo, el Congreso tendría más tiempo para analizar a fondo la reforma electoral y revisar aspectos como el esquema del proceso, el número de candidaturas y otros ajustes derivados de la propuesta federal.