Confío en que todo se esclarezca: Echeverría

Culiacán, Sin.- Un juez otorgó al exsecretario de Salud Ernesto Echeverría Aispuro y el exdirector de Atención Médica Jaime Otáñez García una prórroga para defenderse ante la investigación que tienen en su contra por presuntos desvíos de recursos. En la audiencia que se celebró esta mañana a las 10:00 horas en la Sede Regional de Justicia Penal, Acusatoria y Oral de la Zona Centro, la defensa de los imputados solicitó dos meses más para la investigación complementaria, al argumentar que ocupaban tiempo para realizar entrevistas a personas que laboraron en la Secretaría de Salud en ese periodo y que estaban a la espera de un informe contable. Aunque el Ministerio Público se opuso a la petición señalando que era meramente para dilatar el proceso, el juez Juan Luis Quiñonez Beltrán les concedió el plazo a los exfuncionarios malovistas. En entrevista al salir de la audiencia, Echeverría Aispuro dijo que este tiempo le dará la oportunidad de demostrar que es inocente. ?Estamos aquí cumpliendo conforme a la ley y para aclarar que todo se hizo bajo la norma. El juez nos concedió dos meses más de prórroga y eso es muy bueno para nosotros porque fortalecemos más nuestra defensa, que seguramente tenemos que salir abantes?.?…al final de cuentas tiene que salir todo esto adelante. Yo confío en que se esclarezca?, manifestó mientras caminaba al estacionamiento. -¿A dónde fue de vacaciones si no puede salir del estado?, se le cuestiona. ?No, pues aquí me fui a Altata, aquí me quedé en Altata como toda la vida?, dijo. A ambos exfuncionarios se les imputa el delito de uso indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública. Se les acusa de haber perjudicado al patrimonio estatal por 14 millones 775 mil 554 pesos. Esto, al haber autorizado un contrato por esa misma cantidad con la empresa Hikajuba SA de CV, para la prestación de servicios de imagenología, es decir, rayos X, ultrasonido y tomografía, en los hospitales generales de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, y en el hospital Integral de Sinaloa de Leyva. Sin embargo, el contrato identificado como SSS/20/2016, fue adjudicado de manera directa y no mediante el debido proceso de licitación pública. Como medidas cautelares en la pasada audiencia se les informó que no pueden abandonar el estado, deben presentarse mensualmente a firmar y pagaron como garantía económica un millón de pesos. La próxima audiencia será el 1 de junio donde se determinará si son considerados culpables y les dictan sentencia o si los declaran inocente.