Cubiri de la Loma, Sinaloa de Leyva.- Entendiendo de que en el Congreso del
Estado se privilegian más los intereses políticos por encima de irregularidades
administrativas en el manejo de los recursos públicos que pudiesen haber
cometido ex funcionarios estatales y algunos alcaldes del estado de Sinaloa, el
gobernador del estado, Mario López Valdez dijo que aun y cuando los diputados
locales aprobaron las cuentas públicas de los últimos meses de gobierno del ex
mandatario estatal, Jesús Aguilar Padilla, no todo está dicho ya que existen
otras instancias para aclarar las irregularidades que se han venido detectando.
?Si fuera un juego de beisbol no ha caído el último out. Más bien este es un
ejercicio de revisar las cuentas públicas y en este caso lo que ocurrió en el
Congreso parecer ser que no coincide con la percepción que tiene la mayoría,
pero bueno, esa es una instancia. Creo que también vino el subsecretario de la
función pública y dijo que todavía hay algunos espacios qué superar y eso pues
aún está pendiente?, señaló.
López Valdez dijo que en su momento se habrán de comparar los resultados que
arrojen las auditorías externas que se vienen realizando en algunas áreas del
gobierno estatal con los documentos presentados ante el congreso local por
parte de la Auditoria Mayor del Estado para aclarar que las promesas de campaña
de castigar a quienes se hayan enriquecido inexplicablemente no queden sin
efecto.
?Va a haber resultados próximamente y bueno pues ahí van a salir las
diferencias entre una auditoria y otra.
-¿El que se hable de maiceo hacia los diputados para aprobar las cuentas?
-No puedo hacer comentarios con esos adjetivos. No eran cuentas que estaban
aprobando de nosotros. Nosotros no teníamos necesidad de utilizar ese
procedimiento de sobornos y maiceo a los legisladores para que nos aprobaran
nada porque no es cuenta nuestra y es un comentario que no tiene lugar?,
apuntó.
El gobernador del estado se dijo respetuoso de la autonomía del congreso
local cuyos integrantes para bien o para mal privilegian el interés político
por encima de castigar a quienes hayan hecho un mal uso de los recursos
públicos.
