México.- Desde que inició el 2022, el Gobierno de México dio a conocer la apertura en el proceso de regularización de vehículos extranjeros, conocidos como “autos chocolate”. Y, tras autorizar a 12 estados de la República para dicho proceso, se estableció una fecha límite hasta el 20 septiembre. No obstante, en las últimas horas se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador amplió dicho plazo hasta el próximo 31 de diciembre.
Si bien la regularización de autos chocolate empezó desde hace varios meses, hay muchas personas que han decidido dejar el trámite para última hora, por lo que en esta semana se han saturado las citas y los módulos instalados para este procedimiento. Incluso, según estimaciones de las organizaciones como Onapafa, Condefa y Feoss, solo el 11% de estos autos extranjeros han logrado ser regularizarlos hasta el momento.
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En este sentido, y justo como lo había predicho el gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, AMLO ha decidido ampliar el decreto que permite la regularización de autos de procedencia extranjera, prórroga que se extenderá oficialmente hasta el próximo 31 de diciembre.
Dicha decisión da la oportunidad para que miles de personas se acerquen al punto más cercano para llevar a cabo la regularización de sus autos chocolates. Y es que, tal como lo señala el artículo 1 del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este espacio fomentará la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentran los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
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Finalmente, cabe apuntar que la regularización de los llamados ‘autos chocolate’ se refiere a los vehículos importados de manera irregular y sin documentación, los cuales empezarían a regularizarse desde el modelo 2016 hacia atrás. El costo de dicho trámite sería 2.500 pesos por aprovechamiento, aunque pueden presentarse otros cargos los cuales dependerían de cada estado y serían destinados para obras de pavimentación y afines.
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