Guasave, Sinaloa. Sinaloa enfrentará un año 2025 lleno de desafíos económicos, según Cristina Ibarra, presidenta del Colegio de Economistas de Sinaloa, factores como el incremento en los precios de las gasolinas, la inflación persistente, la inseguridad y los efectos acumulativos de la sequía en los últimos dos años se perfilan como los principales obstáculos para el desarrollo del estado.
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En una evaluación del contexto actual, Cristina Ibarra señaló que la economía sinaloense ya muestra signos de deterioro, especialmente en sectores clave como la agricultura, la pesca, la acuacultura y la ganadería.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la agricultura sinaloense presentó un decrecimiento del 14.6 por ciento en 2023, influenciado por problemas de sequía y precios bajos de los granos, sin embargo, para este año las perspectivas son aún más desalentadoras.
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Reducción de la superficie de siembra: se sembró un 30 por ciento menos en comparación con el año anterior.
Mientras que en 2024 se alcanzaron 6.7 toneladas, para 2025 se espera un promedio de apenas 4.5 toneladas.
En excedente de garbanzo y frijol aunque hay una alta producción, dijo que los canales de comercialización son insuficientes y aún están en proceso de consolidación.
“La agricultura enfrenta un escenario crítico. Además de la sequía que ya lleva dos años consecutivos, estos problemas impactan a otros sectores como la ganadería y la pesca, que dependen del agua y los recursos naturales”, indicó Ibarra.
Otro factor que complica la situación es el aumento de precios en combustibles y su impacto en la inflación. Este fenómeno repercute directamente en los costos de producción, transporte y distribución de alimentos, afectando tanto a los productores como a los consumidores.
Ibarra también destacó la incidencia de la inseguridad y violencia en el estado.
“Iniciamos el año con un repunte significativo de estos problemas, lo que agrava el contexto económico. Es difícil atraer inversiones y mantener la estabilidad cuando el panorama social es tan incierto”, explicó.
El impacto de esta crisis económica no solo se siente en las zonas rurales. En las áreas urbanas los problemas se reflejan en un menor poder adquisitivo de las familias, aumento del desempleo y dificultades para acceder a bienes y servicios básicos.
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Cristina Ibarra concluyó en que es urgente implementar políticas públicas integrales que aborden tanto los problemas económicos como sociales del estado.
“Es necesario fortalecer los canales de comercialización, garantizar apoyos a los sectores productivos y buscar soluciones sostenibles para enfrentar la sequía. Solo así podremos mitigar los efectos de este año tan complicado que se avecina”, afirmó.
