Culiacán, Sin.- Por mayoría, diputados y la diputada de la Comisión Permanente de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, aprobaron un dictamen que desecha iniciativa presentada por la ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñónez y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, ambos miembros del Partido Sinaloense (PAS) que propone incluir como falta administrativa grave al servidor público que incurre en desacato al no dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que hubieren sido aceptadas.
Entre los argumentos para desechar la iniciativa se puntualiza que las recomendaciones de la CEDH no son vinculatorias y se trata de un Sistema No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos que cuenta con procedimientos establecidos para que todo servidor público esté obligado a responder las recomendaciones.
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La secretaria técnica Rebeca Alejandra Uriarte Ordóñez, quien dio lectura al dictamen de la iniciativa, explicó que las consideraciones del dictamen atienden al artículo 102, apartado B de la Constitución federal, al artículo 77 bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los artículos 98 y 105 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismos que se encuentran en armonía con los tratados internacionales suscritos por México para la protección de los derechos humanos.
Al leer el documento dijo que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la CEDH establece que las recomendaciones no son vinculatorias, pero una vez aceptadas, la autoridad o servidor público está obligado a cumplirlas en sus términos, en atención al respeto y cumplimiento de los derechos humanos que constitucionalmente se les exige.
Además, se precisó que cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.
No obstante, el Congreso del Estado de Sinaloa podrá llamar, a solicitud de la CEDH, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante este órgano legislativo, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
El diputado Marco César Almaral Rodríguez sostuvo que ya están establecidos los procesos disciplinarios, penales y de seguimiento por lo que dar fuerza coercitiva a la CEDH es un despropósito pues se convertiría en un tribunal más.
Indicó que se perdería la complementariedad que se busca lograr en relación con los medios judiciales, destacando que la naturaleza de estas instituciones es la no vinculatoriedad de las recomendaciones que emite.
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El diputado del PAS Gene René Bojórquez Ruiz expresó que el dictamen fue elaborado de forma sesgada y poco profesional porque lo que plantea el área jurídica no es el objeto de la iniciativa.
“La iniciativa no propone incluir una etapa en el proceso sino castigar la simulación y a quienes violen los derechos humanos y que habiendo aceptado una recomendación, simulen una reparación a favor de las víctimas pero no cumplan; esta iniciativa propone castigar el engaño y la revictimización”, subrayó.
El diputado sin partido Adolfo Beltrán Corrales sostuvo que no se le puede dar carácter vinculatorio a una recomendación porque la CEDH se convertiría en un ente jurisdiccional, y para eso están los tribunales.
