Los Mochis, Sin.- La postura de la comunidad científica de pretender impugnar las reformas de ciencia y tecnología con el argumento de que no fue consensuada, no tiene razón de ser, porque es una iniciativa que viene desde 2019, que se consultó y que es una de las más elaboradas, más madurada, afirmó la senadora de la República Imelda Castro Castro.
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Aclaró que no se extingue la esencia del Conacyt, sino que cambia de nombre y se fortalece su tarea en la ciencia y la tecnología y se le agrega las humanidades para cumplir con el mandato de la Constitución que sea un derecho humano de los mexicanos el acceso a la ciencia.
“El caso de la Ley de Ciencia y Tecnología, sí se quejan de falta de tiempo, esa ley desde 2022 fue presentada por el presidente de la República y desde la reforma constitucional de 2019 fue mandato tener una Ley General de Ciencia y Tecnología, entonces se está construyendo esa ley desde 2019 y se hizo a través de las plataformas de Conacyt con una serie de entrevistas”, explicó.
Anunció que el 7 de junio se va a instalar en el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, antes (Conacyt), por el cambio de nombre con el que se recupera el humanismo que no solamente los científicos se enfoquen a las ciencias exactas, sino que también a las sociales.
Detalló que con la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación las becas de postgrado son casi universales porque basta con que los estudiantes se inscriban para que reciban el apoyo para cursar su maestría.
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Precisó que lo que cambió son las transferencias de recursos a empresas extranjeras y nacionales, ahora el dinero tiene que aplicarse por parte del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología en proyectos estratégicos para resolver problemas del país, por ejemplo, situaciones relacionadas con el agua y la salud.
Recientemente el exdirector de Conacyt y exdirector del Instituto Politécnico Nacional, José Enrique Villa Rivera en visita a Los Mochis, comentó que se prevé que la comunidad científica de México presente un recurso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las reformas con las que desaparecieron al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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