Culiacán, Sin.- En 11 procesos electorales que se han realizado en 30 años en Sinaloa se ha avanzado la protección de los derechos políticos de las y los sinaloenses, aseguró la presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Verónica Elizabeth García Ontiveros.
Ahora se tiene una nueva historia con instituciones que salvaguardan los derechos políticos electorales de la ciudadanía y que no sería posible sin el trabajo de los tribunales, expresó por su parte Gabriela del Valle Pérez, magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En la ceremonia por el 30 aniversario del Tribunal Estatal del Estado de Sinaloa, vía zoom, aseguró que hace 30 años no se tenía una justicia electoral sólida a nivel nacional y estatal, y ello no permitía una evolución política del país.
“Ahora se puede hablar de otra historia, con instituciones que salvaguardan los derechos políticos electorales de la ciudadanía, lo cual no sería posible sin la labor de quienes conforman los tribunales electorales”, destacó.
Todavía, dijo, se pueden escuchar críticas sobre la labor de las autoridades jurisdicciones, pero estas no pueden actuar solas, sino que se requiere también del esfuerzo y compromiso de otros actores.
Por su parte, García Ontiveros ponderó la tutela que ha tenido de los derechos de los grupos históricamente discriminados, particularmente de las mujeres, lo que ha llevado cada vez más hacia una democracia paritaria.
Hizo un recuento de la evolución del órgano jurisdiccional a partir de mayo de 1992, cuando se crea el Tribunal Estatal Electoral como órgano de naturaleza jurisdiccional y autónoma con el que se establecieron las bases para regular un sistema de medios de impugnación en materia electoral, desde la cual se apreciaba ya el principio de lo que sería la justicia electoral como la conocemos hoy en día.
Consideró que la creación del Tribunal Estatal Electoral fue el resultado de una lucha que la ciudadanía impulsó para que las controversias político electorales se dirimieran de forma pacífica a través de los cauces institucionales y donde los conflictos políticos son consustanciales a la democracia, como lo son también las instituciones especializadas en la solución de esas divergencias conforme a un marco jurídico.
